Es fácil asegurar que España se ha convertido en un país de referencia europea en el ámbito de las energías renovables. La decidida apuesta del actual Gobierno de coalición, y de una manera especial el firme compromiso de la vicepresidenta cuarta y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo ha visibilizado durante su mandato, aunque no sin algunas polémicas abiertas que no resultan baladí, especialmente desde la industria pesada y del sector de la fabricación del automóvil.
Es incuestionable que nuestro país ha desplegado un auténtico plan estratégico en favor de la transición energética en el último año, que ha calificado siempre de justa para ejemplarizar su razón de ser. Por ello, la descarbonización del sector industrial, así como la proliferación de las diferentes renovables acaparan el epicentro de la política energética y medioambiental, en consonancia con el programa Green de la Unión Europea.
Precisamente esta inequívoca decisión de Transición Ecológica y el significativo respaldo que las autoridades comunitarias facilitaron a los planes presentados para las próximas décadas han convertido al Estado español en un objetivo, hasta cierto punto abrumador por parte de empresas nacionales, internacionales e incontables fondos de inversión.
¿Puede llegar a propiciarse una burbuja en torno a las renovables? Indudablemente que hay un riesgo y que, en ocasiones, el registro de algunos precios abonados en determinadas operaciones alimenta por sus desproporciones este riesgo, que el Gobierno quiere zanjar de inmediato.
Cabe señalar, en este sentido de la política preventiva, cómo el Ministerio para la Transición Ecológica promulgó el pasado mes de junio un real decreto que, principalmente, sirve para revisar el procedimiento de tramitación de las futuras centrales, además de abrir una oportunidad para que aquellos proyectos que no puedan cumplir las condiciones marcadas en esta estipulación normativa, renuncien a los derechos de acceso y de este manera puedan recuperar los avales como si se aplicara un perdón.
Pero es indudable que la capacidad de atracción no ha cesado. Además, el anuncio de los fondos europeos todavía ha servido para incrementar el interés por la inversión en esta energía verde, auténtica senda de futuro para todos los países que idean un escenario menos agresivo para las siguientes generaciones. España es un auténtico escaparate y en esta ocasión, después de la fallida apuesta durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se dispone de un marco jurídico estable que representa la garantía buscada por cualquier inversor.
A este clima de cierta fiebre inversora, se ha sumado en los últimos meses una indisimulada apuesta por la producción y exportación de hidrógeno verde propiciado por el recurso renovable, principalmente solar.
Unas condiciones idóneas debidas a las características de un país que dispone de los recursos apropiados para abordar con éxito este tránsito hacia la energía renovable, aunque algunos territorios como las cuencas mineras van a perder -lo han hecho ya- numerosos puestos de trabajo porque hasta ahora una parte de su economía estaba centrada en productos fósiles que han ido cayendo en desuso.
A esta radiografía tan expectante le acompañan los números. Red Eléctrica de España (REE) informó el pasado mes de diciembre que el país disponía de 26.811 MW de potencia eólica y 11.277 MW de fotovoltaica, mientras el total de las energías renovables llegaba a 61.994 MW Como se puede deducir fácilmente, España ya parte de una buena posición para alcanzar los objetivos ambiciosos que se ha marcado en su propio plan.
Cabe recordar que la transición energética justa pretende, como línea maestra en sus objetivos ambiciosos, la descarbonización de la economía y la adaptación y desarrollo de un modelo estratégico más responsable con el medio ambiente, a través de la potenciación e investigación de las energías renovables del futuro. Como es sabido, España se ha marcado un ambicioso objetivo: en el 2030, el 42% de la energía producida en el país debe proceder de las renovables, como se indica en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PINEC) 2021-2030. En el empeño se multiplican las ofertas de compra y venta y la sucesión de ambiciosos proyectos, que se espera sopesados en su inmensa mayoría.
