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Educar para el futuro

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Es bastante desalentador que la aprobación por la mínima en el Congreso de la nueva Ley de Educación, en un perturbador contexto de interminable polarización política, desvíe la atención del hondo significado que con visión de futuro debería entrañar un texto normativo de semejante naturaleza y trascendencia. Parece inevitable que España se vea sometida al maleficio permanente de no disponer de una Ley de Educación con capacidad de supervivencia y de aplicación solvente en el tiempo y sin verse sometida a los desafueros de voluntades partidistas. Así viene siendo desde hace demasiado tiempo y no se vislumbran augurios en un corto plazo de que puedan hacer virar esta malévola tendencia.

Justo en unos momentos en los que situamos como determinantes para un futuro inmediato las apuestas por la innovación, la tecnología o la digitalización, resulta desalentador que no prestemos el consenso mínimamente suficiente a la apuesta unitaria por una Educación que posibilite una formación consecuente con estos niveles de exigencia. Entender la elaboración y el refrendo parlamentario de una Ley de Educación solo desde el prisma de su contenido ideológico y eclipsar su auténtico motivo de aplicación que no es otro que contribuir al desarrollo formativo de una generación supone, sin duda, un agravio de incalculables consecuencias que siempre acaba pasando factura al propio país.

No soplan buenos vientos para entender objetivamente la auténtica esencia de una Ley de Educación. Pareciera un mal endémico porque se acumulan los intentos de propiciar una acción concertada como asunto de Estado que lo es por encima de cualquier disquisición política. Llevamos demasiado tiempo sin que cuaje una voluntad compartida que sepa aglutinar voluntades y que pivote sobre la primordial finalidad formativa que entraña este texto legislativo. Siempre la voluntad política ha acabado imponiéndose por encima del debate de calado educativo. Aún resulta todavía cercano recordar cuando PSOE y PP, bajo el mandato del ministro de Educación Ángel Gabilondo, no pudieron ni quisieron a última hora alcanzar su entente, entonces sin la existencia de otros partidos situados a sus mismos lados ideológicos. Incluso hubo que esperar a que el PP dispusiera de una mayoría absoluta para que sacara adelante, en soledad, la denominada Ley Wert, para acercarnos hasta el último episodio, coincidente con el primer Gobierno de coalición y siendo su promotora y defensora la ministra Isabel Celáa.

Se siguen perdiendo demasiados esfuerzos y oportunidades para dar una respuesta a la exigencia formativa de los alumnos de nuestros centros educativos. Basta con observar las reacciones aportadas a la aprobación de la nueva Ley de Educación para comprender que no hay un debate introspectivo auténtico y que vuelven a aflorar las tensiones políticas para adulterar el análisis crítico y constructivo sobre cuáles son o deben ser sus líneas generales.

Resulta frustrante que una ley que debe marcar el rumbo de la formación educativa en los próximos años -solo truncada por un cambio de signo en el gobierno español- quede reducida en los medios de comunicación y en las tertulias mediáticas y las redes sociales a una polémica sobre el uso vehicular del castellano y el futuro de los centros de educación especial, sobre todo porque se confunden la realidad con la interpretación interesada.

Puede suponer un ejercicio de buenismo y de obviedad apelar a la toma de conciencia sobre la importancia de una Ley de Educación. Pero la experiencia tan poco edificante de las últimas décadas aconseja a hacerlo como llamada de atención a los responsables políticos. Solo asumiendo en clave de futuro el reto que entraña disponer de una población debidamente formada y preparada podemos elevar la exigencia para que se vayan restañando las diferencias ideológicas y se apueste por una conciencia de país en un asunto tan trascendental como la educación. Solo una estabilidad política y una conjunción de responsabilidades podría ir abriendo el camino.

Juan Mari Gastaca, socio y director de RRII y Asuntos Públicos en BeConfluence.

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