Por José María Castilla, director de la oficina de ASAJA ante la UE.
La Política Agraria Común nació en el año 1962 con el fin de fomentar y estimular el sector primario de los países europeos. Sector que había vivido una crisis a causa de la Segunda Guerra Mundial y que necesitaba un plan de acción para, en primer lugar, garantizar la seguridad alimenticia de la región y, en segundo, para ser un sector competitivo dentro del ámbito internacional. Puede parecer algo paradójico, pero la realidad es que hoy en día se podría decir que seguimos teniendo los mismos dos problemas.
El nuevo Plan Estratégico 2023-2027 de la PAC lejos de ser un aliado para los agricultores de toda Europa se ha convertido un problema para ellos. Las enormes exigencias a nivel medioambiental hacen que los costes de producción aumenten considerablemente y sean prácticamente inasumibles para las explotaciones agrícolas. Estos estándares medioambientales tan exigentes también han hecho que a lo largo de los años el sector primario europeo haya ido perdiendo competitividad en el mercado internacional debido al aumento de los costes anteriormente mencionado. Si a esta situación se le añade la invasión que está sufriendo Ucrania por parte de Rusia, hace que la situación sea crítica. No debemos olvidar que a Ucrania se le conoce como el granero de Europa, debido a su enorme aportación de grano a los distintos sectores agroalimentarios. Y que Rusia, con el cual existe un bloqueo comercial, es el principal exportador de gas a Europa con más del 40% del total. Es por esto por lo que muchos países miembros han pedido el aplazamiento de la entrada en vigor de este nuevo Plan Estratégico de la PAC, ya que no se puede asegurar que con las restricciones que entran en vigor sea posible asegurar la seguridad alimentaria.
España no es una excepción en cuanto a la reticencia que existe por parte del sector a este Plan Estratégico, y más viendo como está afectando la guerra entre Ucrania y Rusia. Ya en diciembre de 2021 se pudo ver cómo la propuesta del ministro, el Sr. Luis Planas, no contaba con el consenso de todo el sector. Actores muy relevantes dentro del sector alzaron la voz y calificaron la propuesta como lesiva para el sector. Una de las regiones más descontentas fue Andalucía, que casualmente es la CCAA que más producción agroalimentaria tiene. Este mismo descontento también se ha podido palpar después de la presentación del PERTE de agricultura por parte del Presidente del Gobierno, el Sr. Pedro Sánchez, en la feria del vino de Castilla-La Mancha el pasado 11 de mayo. En este evento, Pedro Sánchez anunció las ayudas esperadas por valor de 1000 millones de euros más un “extra” de 800 millones para la modernización del uso del agua. Esta partida “extra” de 800 millones es, en realidad, una serie de partidas y subvenciones ya existentes que han sido relocalizadas dentro del PERTE. El descontento por parte del sector viene debido a la forma de comunicar estos 800 millones “extras”, ya que se ha vendido bajo el mensaje de que el Gobierno está profundamente comprometido por el sector y que es un área estratégica en el desarrollo del país.
Al igual que en 1962, el sector agroalimentario vive un momento crucial donde se deben de tomar medidas reales que ayuden a un sector tan básico e importante como este. Europa en general y España en particular tienen el deber de apostar por un desarrollo sostenible, que no haga perder competitividad al sector y que no ahogue a los productores agrícolas, con gastos que vistos desde una perspectiva global son innecesarios. El campo actualmente tiene un problema estructural que nadie ha tenido el coraje de tratar de resolver, ya que para afrontarlo hace falta valor político.
