Los efectos de la reciente pandemia, junto con la incertidumbre creada por el acortamiento de los plazos para prohibir los vehículos de combustión, y la crisis de abastecimiento de semiconductores han situado a la industria del automóvil de nuestro país ante una tormenta perfecta, que el sector trata de afrontar con una apuesta más decidida por el vehículo eléctrico.

La pandemia de coronavirus de la que España está empezando a salir finalmente tuvo graves consecuencias para el sector del automóvil con una caída de las ventas y la producción en 2020 que el presidente de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), José Vicente de los Mozos, calificaba de dimensiones históricas en el informe anual de la Asociación.

También la prohibición de la venta de vehículos de combustión a partir de 2040, incorporada en la Ley de Cambio Climático, y que la Comisión Europea ha adelantado a 2035, está influyendo en el volumen de ventas. La medida genera mucha confusión entre los posibles compradores de vehículos nuevos, que no están seguros de qué tecnología acabará triunfando en el mercado y si podrán continuar usando su coche a lo largo de toda su vida útil o no, lo que les hace retrasar su decisión de compra.

La crisis de abastecimiento de semiconductores tampoco está ayudando a dar alegría al mercado. Ante la dificultad de contar con todos los suministros que requiere la industria, muchas marcas están optando por utilizar los que tienen en los modelos más rentables y en los mercados en los que obtienen mayores márgenes. Esto conlleva un encarecimiento del precio de los vehículos disponibles para la venta, lo que obliga en algunos casos a posponer la decisión de compra.

Por otra parte, está por ver el efecto que tendrá a partir de enero la subida del impuesto de matriculación en cerca de un 20%, confirmada hace unos días por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que encarecerá hasta un 10% la compra de un automóvil.

En 2020, las ventas de vehículos nuevos en España cayeron más de un 32% respecto al año anterior y según la patronal de fabricantes de vehículos ANFAC, se prevé que 2021 acabe con un total de 900.000 vehículos matriculados, una caída del 25% en comparación con los más de 1,2 millones de vehículos comercializados en 2019, último año antes de la pandemia.

En realidad, los problemas para la comercialización de vehículos nuevos en España comenzaron incluso antes de la pandemia con unas desafortunadas declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hoy también vicepresidenta cuarta del Gobierno, quien dijo en los pasillos del Congreso una frase con la que sin duda se ganó el afecto incondicional de la industria de la automoción y del petróleo: “el diésel tiene los días contados”

La reacción por parte de la industria de la automoción a esa declaración aparentemente poco meditada, pero que como después se ha visto durante la tramitación de la Ley de Cambio Climático, formaba parte del ideario irrenunciable de la ministra, fue inmediata.

Así, desde la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción, calificaron como precipitado que el Ejecutivo sentenciara a una tecnología como el diésel, que en la actualidad utilizan millones de españoles y que forma una parte importante de los vehículos que se fabrican en España y que se venden en los concesionarios.

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM) pidió al gobierno que cesara en la guerra contra el diésel, haciendo énfasis en que no hay justificación, puesto que un diésel moderno emite los mismos gases que un coche de gasolina, y en que las declaraciones de la ministra tiran por tierra todo el trabajo hecho por los fabricantes para reducir al mínimo el potencial contaminante de estos vehículos.

Por otro lado, la asociación de fabricantes ANFAC alertó de las graves consecuencias e implicaciones que las manifestaciones de la ministra podían acarrear, provocando que las fábricas españolas perdieran oportunidades de nuevas adjudicaciones de modelos y con ello que la industria del automóvil en España se debilitara gravemente.

El trabajo de acercamiento al Gobierno realizado desde entonces por las principales asociaciones del sector del automóvil y otros sectores afectados no consiguió que el gobierno modificara la prohibición de la venta de vehículos de combustión que se recoge en la Ley de Cambio Climático, pero si parece haber tenido otros efectos positivos para la industria de la automoción.

Durante la reciente edición del salón internacional del automóvil de Barcelona, Automobile, que cerró sus puertas el pasado 10 de octubre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció ante la Junta Directiva de ANFAC un nuevo plan de impulso a la electrificación para flotas de grandes empresas que contará con una dotación presupuestaria de 50 millones de euros.

Asimismo, se anunció la puesta en marcha de un órgano de seguimiento y gobernanza que permita coordinar y monitorizar el despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica en España, que era otra de las peticiones de ANFAC. Una noticia a la que se sumó el anuncio de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, de que el gobierno está trabajando en la convocatoria del programa PERTE de la cadena de valor del vehículo eléctrico.

Además de los anuncios positivos para la industria, también hubo gestos que muestran una mayor sensibilidad del gobierno socialista hacia una industria que representa el 8% del PIB de nuestro país y el 9% del empleo. Pedro Sánchez asistió a la reunión con ANFAC en el marco del Automobile junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, y el secretario general para Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha. Un despliegue de autoridades, con el que el Gobierno parece haber querido escenificar su apoyo a un sector que está haciendo un gran esfuerzo de transformación.

El presidente de ANFAC, José Vicente de los Mozos, destacó esta nueva sintonía con el gobierno, señalando en sus declaraciones que “estas medidas reflejan la visión común del Gobierno de Pedro Sánchez y del sector para continuar impulsando la electromovilidad en nuestro país».

Una visión común que sería muy positivo que el gobierno tratara de alcanzar también con otros sectores hoy envueltos en polémica y la confrontación como el inmobiliario o el de la energía. Porque como se ha puesto de manifiesto con el reciente decreto ley para minorar los ingresos de las eléctricas, los riesgos de regular sin escuchar a todos los actores implicados pueden ser muy elevados y después hay que dar marcha atrás.

Pedro Martínez  López, socio en BeConfluence.