Con anterioridad a la catástrofe sanitaria, social y económica de la Covid-19, la nueva política energética de España se había hecho un hueco propio. Suponía, y supone, todo un proceso de transformación, que rompe con los tiempos de los combustibles fósiles y abraza a la energía limpia. Lo hizo, y lo hace, con el pleno respaldo de la Unión Europea, que vio en la apuesta de Transición Ecológica el camino a seguir hasta el extremo de mostrar un expresivo respaldo a las pretensiones del Gobierno Sánchez. El propio Green Deal europeo, que marca el camino a seguir para conquistar una UE neutra climáticamente mediante un ambicioso plan de progresivas conquistas nada fáciles, refuerza el ambicioso proyecto de una transición energética, que en el caso de nuestro país, lleva adherido el propósito de justa para que nadie se sienta perjudicado por esta auténtica revolución.
Indudablemente, el duro mazazo económico del confinamiento y la incertidumbre que ha venido a apoderarse de las acciones públicas y privadas han frenado puntualmente la hoja de ruta que la ahora vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, acertó a marcar durante su etapa anterior de ministra. Pero si algún sector productivo ha conseguido dinamizar el efecto de su importancia en la imprescindible reestructuración económica no es otro que la energía, y más en particular la energía limpia. Además, lo ha hecho consiguiendo unanimidad en la apuesta de conseguir este horizonte que proporcione a la sociedad un medio ambiente sostenible, acompasado por su repercusión innegable en la creación de empleo y en la generación de riqueza.
Las conclusiones del significativo cónclave de la élite empresarial, convocados a instancias del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, recogerán esta apuesta por la nueva política energética, que deja atrás los tiempos del carbón y de las nucleares -quizá en este caso con cierta controversia por su plazo acelerado- y se entrega a las energías renovables. Precisamente en esta sucesión de intencionados mensajes desde el foro de la patronal la apuesta por esta transformación, sus estrategias, sus prioridades y sus plazos no han dejado indiferentes a nadie cuando se ha escuchado a los presidentes de Iberdrola, Repsol, Acciona o Enagás, entre otros. No hay una inamovible unanimidad en la hoja de ruta a seguir, como ha quedado de manifiesto y que resulta lógico por las operativas diferentes, pero es inequívoca la apuesta que supone el nuevo reto de oportunidad en torno a la energía.
Bien es cierto que la energía requiere de un escenario regulatorio claro y diáfano para su desarrollo, y también para favorecer las inversiones necesarias. Tras las iniciativas legislativas que suponen el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático o la Estrategia española de Cambio Climático y Energía Limpia, principalmente, el sector conoce con nitidez cuál es la voluntad que el Gobierno español persigue hasta 2050 en una materia tan sensible. Han pasado años, precisamente, donde esta falta de claridad en la apuesta energética ha creado vacíos inoportunos y gravosos en un marco de relaciones poco alentador entre la Administración y la iniciativa privada.
Justo ahora que la recuperación de la economía española y europea necesitan de políticas decididas en favor de la creación de empleo es cuando esta apuesta por la nueva energía recobra toda su vigencia. Es verdad que hay todavía asignaturas por superar porque entraña una metamorfosis de costosa digestión; pero existe una conciencia clara y compartida por los responsables institucionales de que se asiste a un proceso sin retorno. En el intento se va de la mano de la Unión Europea, que ha dispuesto de un ambicioso presupuesto para ir consumiendo etapas hacia su objetivo energético y sostenible. Es el momento de aunar esfuerzos y de aprovechar una coyuntura con el viento a favor.
Juan Mari Gastaca, socio y director de RRII y Asuntos Públicos en BeConfluence.
