El recibo de la luz sigue siendo ininteligible para la mayoría de los ciudadanos, a pesar de los esfuerzos que han desarrollado durante los últimos años las diferentes administraciones y las propias compañías energéticas para simplificarlo y explicar su contenido.
Probablemente una de las razones por las que muchos de los consumidores domésticos hemos desistido de tratar de entender la prolija factura que periódicamente nos envía nuestra compañía eléctrica es porque para un hogar medio el coste de la energía es todavía relativamente bajo, en comparación con otros conceptos.
De hecho, según la OCU, pese a que los precios actuales de la electricidad se encuentran en máximos, se estima que para un hogar medio (con 4,6 kilovatios de potencia contratada y un consumo mensual de 292 kilovatios hora), el recibo de junio será de 69,3 euros, que superaría los 76,3 euros si no se hubiera aplicado la reducción del IVA del 21% al 10%.
Así, el recibo de la luz de un consumidor doméstico tiene todavía un coste inferior a la suma de otros servicios que no son tan imprescindibles, como la televisión de pago, la conexión a internet o la telefonía móvil y fija, que según el panel de hogares del blog de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya están presentes en un 40% de las viviendas españolas, y supone un gasto medio de 77,9 euros al mes.
Sin embargo, mientras que la mayoría de los usuarios asume con normalidad el pago de estos servicios y no suelen verse reclamaciones por su precio, el coste de la electricidad concita siempre una gran atención y cualquier variación al alza es seguida de una intensa polémica, ya que se trata de un bien básico.
Algo que no ayuda mucho a reducir esta polémica es el carácter contra-intuitivo de la evolución de los precios de la electricidad.
A pesar del notable avance de las energías renovables que, según Red Eléctrica, aportaron en 2020 el 43,6% de toda la electricidad consumida en nuestro país, lo que debería contribuir a abaratar los costes de generación, los precios son más elevados ahora que cuando las centrales, de carbón, o gas natural, tenían un mayor peso en la producción de electricidad.
En una reciente entrevista concedida al diario Cinco Días, la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, achacaba los elevados precios de la electricidad que se están registrando actualmente a los altos precios del gas y del CO2, así como al hecho de que las compañías eléctricas están elevando sus beneficios, porque, “prefieren seguir ganando 200 a solo ganar 150.”
El principal motivo por el que el incremento del precio del gas y del CO2 impacta también en el precio de la generación con energías renovables, tiene mucho que ver con nuestro de modelo de regulación actual.
Como la electricidad no se puede almacenar de una manera eficiente, el precio se fija en una subasta diaria en la que hay que casar la oferta y la demanda. De acuerdo con el modelo actual, el precio lo acaba fijando la última central en entrar en esta subasta, que suele ser la central de ciclo combinado de gas natural.
Por otra parte, como la propia ministra reconocía en la entrevista, “es lógico que las empresas quieran maximizar el beneficio”, porque la verdad es que es difícil imaginar que una empresa esté dispuesta a ganar solo 150 si el marco normativo en el que desarrolla su actividad le permite ganar 200, y además le resultaría muy difícil de explicar a sus accionistas.
Por ello, quizás lo más razonable que se puede hacer desde la Administración es cambiar el modelo de fijación del precio de la electricidad para evitar que los ciudadanos paguemos el precio de la electricidad generada con energía eólica, solar, o incluso hidráulica, al mismo precio que la generada con energías teóricamente más caras, como el gas natural.
Desde luego la tarea es ardua y compleja. Por ello, desde el Gobierno se han puesto en marcha algunas medidas que pretenden paliar en parte la subida, como la rebaja temporal del IVA, así como un anteproyecto de Ley que pretende reducir la retribución de las centrales nucleares e hidroeléctricas, y la creación del llamado Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que se están tramitando actualmente en el Parlamento
Además, la ministra para la Transición Ecológica ha anunciado que el Gobierno estudia abordar una reforma estructural del sistema eléctrico con el objetivo de velar por los consumidores. Algo que sería muy bienvenido, no solo por los ciudadanos que no somos capaces de entender el recibo de la luz, sino también para las empresas industriales y otros grandes consumidores de electricidad, ya que según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) el precio de la electricidad es un 12,5% superior al de Alemania y un 13,3% al del Francia.
Sin embargo, en un proyecto tan complejo como es la reforma estructural de un sistema que afecta no solo a las empresas que operan en el sector, sino directa o indirectamente a todos los ciudadanos de este país, será muy importante que todas las partes afectadas puedan exponer sus argumentos a través de una acción de lobby, en el mejor sentido de la palabra. Porque si es importante llevar a cabo una reforma estructural del sistema, mucho más importante es que esta reforma sea la adecuada.
Pedro Martínez López, socio en BeConfluence.
