La opa del fondo de inversión australiano IFM por el 22,6% del capital de Naturgy ha rescatado del baúl de los recuerdos aquellas operaciones de largo alcance que parecían adormecidas en nuestro país. Como era de prever, además, la importancia de esta maniobra, en unos momentos de especial trascendencia para la nueva apuesta energética, ha provocado una cascada de reacciones que no dejan indiferente a los poderes políticos, financieros y, especialmente, bursátiles.

De momento, y hasta que se sustancie esta notoria apuesta estratégica por un valor de tan hondo significado como es Naturgy, hay que convenir en que España vuelve a situarse en el epicentro del interés inversor, que no especulativo. Esta diferencia conceptual no es baladí. Asistimos a una operación que indudablemente mueve el árbol del negocio eléctrico en un país que empieza a adecuar con ambición su marco regulatorio con la Ley del Clima y Cambio Climático, con una decidida voluntad de emprender una descarbonización y un abrazo a las energías verdes.

Los fondos internacionales de inversión siguen fijándose en el mercado español por las posibilidades que ofrece. Es cierto que los efectos de la pandemia van a posibilitar escenarios propicios para que se acometan una serie de compras en los más diferentes sectores, pero que deberían ser entendidos como la consecuencia de la atracción que estas empresas siguen generando con posibilidades de recuperación a medio y largo plazo.

Naturgy va a ser uno de los espejos donde también se podrá analizar la respuesta que adopta el Gobierno español ante este tipo de ofertas de compra. No sería conveniente ni positivo que se suscitaran posiciones dubitativas ni ambivalentes en operaciones de tan hondo calado. En las últimas horas ha sido justamente lo contrario al difundirse posturas encontradas que no transmiten la confianza necesaria para el dinero inversor. No pueden darse opiniones de signo contrario muy por encima de que se asista a la cohabitación de dos partidos políticos distintos. Es una mala imagen que debería cuidarse, mucho más en las actuales circunstancias.

Indudablemente que el alcance y repercusión de esta oferta de compra realizada por IFM en un contexto de general sorpresa debería guiar la reacción final del poder ejecutivo. Incluso, cortar de raíz la difusión de esas contradicciones en el seno de PSOE y Unidas Podemos, que en nada favorecen a la imagen de estabilidad de un país. Por eso, habría que urgir a la responsabilidad cuando se trata de encauzar el análisis ponderado sobre la petición de compra de Naturgy.

Esta proyección a los mercados de que hay seguridad jurídica ante apuestas inversoras es indispensable. Llegan tiempos en que van a aflorar operaciones de largo alcance que, por su trascendencia, requerirán de ese marco de confianza que solo lo pueden dar nuestras leyes y su aplicación. El Gobierno bien lo sabe y de ahí que sus movimientos, incluso sus silencios, van a ser intensamente escrutados.

Para los fondos de inversión surgen nuevas oportunidades de valor, que deben ser transformadas a modo de apuntalar negocios y sectores de vital importancia para la suerte económica y social de España. De sus actuaciones y del sesgo de su intervención también deberán extraerse conclusiones que analicen el grado de compromiso que contraen estos grupos financieros más allá de la propia transacción económica que acometen. La nueva realidad a la que se empieza a asistir en los mercados y en determinados sistemas productivos, no sin las comprensibles dosis de incertidumbre y desasosiego, va a requerir de un grado de responsabilidad más exigente en el devenir de estas ventas y adquisiciones y ahí los fondos están directamente concernidos para hacer gala de su reputación.