El obligado pero inapelable desembolso económico comprometido por el Gobierno español para contener la sangría empresarial y social derivada de la catástrofe sanitaria de la Covid-19 ha generado un abierto debate sobre la capacidad de recuperación de ingresos por la vía de los impuestos. Las ingentes dotaciones presupuestarias de las ayudas concedidas a empresas de futuro comprometido así como el escudo social de las prestaciones asignadas a los miles de trabajadores afectados por la volatilidad de sus puestos de trabajo han diezmado al máximo los recursos del Estado, hasta comprometer seriamente su deuda pública en porcentajes ciertamente alarmistas.
El consiguiente desequilibrio al que se están viendo sometidas nuestras Cuentas aflora una realidad tan tangible que no se discute, sino que se comprende como justa y necesaria. Pero el desajuste no puede prolongarse en el tiempo sin que se proyecte un compromiso de país para su progresiva restauración. La capacidad de respuestas válidas para conseguir este objetivo se antoja bien limitada. La aplicación de impuestos como fuente de ingresos propios descolla por palmaria. Otra cuestión más comprometida se esconde bajo el propósito de dilucidar el destino de estas cargas y el momento de su aplicación.
Desde las primeras aturdidas jornadas de esta pandemia, Pedro Sánchez ha ido hilvanando un progresivo plan de contingencia financiera para taponar los efectos devastadores sobre los sectores productivos de nuestra economía. La ciudadanía ha entendido esta cascada de aportaciones, consciente de las urgencias que debían socorrerse y sabedor de la consiguiente repercusión para la propia capacidad de gasto del país. Bien es cierto que desde la Unión Europea el compromiso de solidaridad ha sido tan inmediato como responsable, contribuyendo decididamente a reducir el impacto de semejante sacudida.
Una desbordante cantidad de millones de euros para apoyar a empresas estratégicas, para evitar un mayor volumen de vulnerabilidad social, para iniciar una reconstrucción económica que no admite más demoras. Unas aportaciones que exigen una mínima respuesta para fortalecer las paredes de nuestra disponibilidad monetaria. Es ahí donde se incrusta una adecuada política impositiva.
Más allá de las diatribas partidistas resulta comúnmente aceptado que España se sigue resistiendo a abordar una reforma de su política fiscal, adecuadamente redistributiva. Las urgencias electorales, demasiado reiteradas, siguen retrasando injustamente la adopción de esta iniciativa legislativa, ahora más que nunca imprescindible. Sin embargo, el gobierno de coalición de izquierdas ha colocado la cuestión impositiva en el tablero del diálogo parlamentario, aunque no de la manera más acertada para propiciar un debate sereno.
La reforma fiscal que necesita España no se reduce a disponer de un ramillete de tasas impositivas dirigidas exclusivamente a que paguen los ricos, como ideológicamente se ha venido a decir con cierta ligereza. La reforma fiscal que necesita España requiere de un diagnóstico certero, de un tratamiento adecuado y de un tempo preciso. Es incompatible reclamar un mayor gasto para animar una economía debilitada que necesita ingresos y al mismo tiempo atornillar impositivamente esos ingresos debilitados. Solo después de superados los primeros efectos desgarradores de esta catástrofe podría acondicionarse un escenario más propicio para ir aplicando algunos de estos impuestos que vislumbran PSOE y Unidas Podemos.
Ahora bien, no es menos cierto que esta voluntad de recuperar una parte de las aportaciones ya comprometidas podría ser aplicada a algunos sectores que, en absoluto, comprometerían la capacidad de gasto de la ciudadanía. Es ahí donde aparece la controvertida tasa a grandes firmas internacionales como Google, Facebook o Amazon, entre otras, que tan poco aportan a España en correspondencia a los ingresos que le proporciona nuestro país. Sería una reacción de una acogida poco contestada, aunque suponga un evidente desgaste en su aplicación. De paso, abriría un compás de espera hasta que la recuperación de nuestra economía, y nunca hasta bien pasado el otoño, insufle una moderada capacidad de aguante para diferir una inapelable subida de impuestos que surja razonada y, por ello, se haga comprensible y aceptada.
Juan Mari Gastaca, socio y director de RRII y Asuntos Públicos en BeConfluence.
