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(In)seguridad jurídica

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Quizá no exista hasta final de este año una negociación que aúne más interés y trascendencia social, económica y política que la concerniente al nuevo marco de la legislación laboral. Sería un craso error que la interpretación del devenir de este agitado calendario de encuentros entre los agentes sociales quedara reducida al de vencedores y vencidos. Hay en juego un debate de honda repercusión que supera el maniqueo de si asistiremos -que no- a una derogación de la reforma laboral o a una adaptación de sus reglas al mercado de presente y futuro.

Todo ello en un contexto condicionado por la situación económica postcovid y el anuncio de la progresiva llegada de los primeros miles de millones de los fondos europeos. Queda justificada su trascendencia y de ahí que sobrevuelen todas las miradas sobre el alcance de los incesantes contactos que se mantienen bajo la amenaza de clausurar la tarea antes del próximo 31 de diciembre.

Precisamente cuando el pulso entre el Gobierno español y los grupos energéticos de cabecera viene derivando en escenarios puntuales que advierten de un golpe a la estabilidad del marco jurídico estable, no es baladí que la auténtica aspiración de la futura reforma laboral concluya, precisamente, en rodearse de ese campo de juego claro que transmita toda la seguridad necesaria para el empresario, el trabajador y la propia Administración.

Es evidente que, en las últimas semanas, desde nuestro país no se viene proyectando la imagen más segura posible en el contexto del conflicto eléctrico. En más de una ocasión se ha golpeado con un tic de imprudente frivolidad la imagen de la seguridad jurídica en un contexto de hondo calado económico internacional. Se necesita reconducir la situación y, especialmente, la sensación transmitida en ocasiones con cierta frivolidad.

Al igual que ocurre en el tema eléctrico, en la reforma laboral Europa nos va a escrutar sin remisión. En la cuestión energética para que se cumplan con los cánones establecidos entre todos los países de la Unión en materia de tarifas y servicios; en la legislación laboral, para que tengamos en cuenta las recomendaciones de los organismos superiores

No va a ser fácil el esperado y ansiado acuerdo final. Tampoco parece lo más sensato imprimir una inusitada aceleración a los encuentros negociadores bajo la presión del ultimátum del tiempo límite, pero ya es insoslayable. Más aún, esta reforma viene a coincidir con un nuevo tiempo socioeconómico que alumbrarán los fondos europeos para construir el rail de la futura y ansiada recuperación. Elementos como la temporalidad, la precariedad o la calidad del empleo deben quedar suficientemente despejados en el nuevo contexto laboral, que también deberá fijarse en la necesaria flexibilidad interna de las empresas de cara a su productividad más adecuada. Aspectos que con reconocida intencionalidad viene subrayando la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, consciente de la trascendencia del momento que atravesamos.

Que se hagan los deberes con todas las garantías para que la fundada expectativa que se ha presentado tras el golpe aciago del virus no suponga una magna ocasión perdida. Procede, por tanto, recordar que no se ha resuelto todavía el combate jurídico en el ámbito del precio de la electricidad y es por ello que debemos evitar que se agudice esa inseguridad, tan lesiva para el mundo de la inversión. El futuro, mucho más que el presente, está en juego.

Juan Mari Gastaca, socio y director de RRII y Asuntos Públicos en BeConfluence

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