José Luis Bonet preside la Cámara de Comercio de España desde 2014. Tras ocho años al frente de la institución empresarial y ante las elecciones que se avecinan el próximo diciembre, Bonet aspira a ser reelegido por tercera vez consecutiva como presidente de esta Cámara.
Hablamos con José Luis Bonet sobre elecciones, reducciones fiscales, transición energética y mucho más.
Pregunta – La próxima convocatoria electoral de la Cámara de Comercio de España tendrá lugar en diciembre de 2022. ¿Qué le ha motivado a presentar su candidatura de nuevo? ¿Cuáles serían sus objetivos como presidente reelegido para los siguientes cuatro años?
Respuesta – La situación actual se caracteriza por una incertidumbre y una volatilidad desconocida desde hace décadas. Estamos viviendo los efectos de dos graves crisis económicas que se han superpuesto -la provocada por la pandemia y la derivada de la guerra en Ucrania- que nos obligan a todos, pero sobre todo a las empresas, a realizar una profunda transformación en nuestra manera de actuar. Esta tarea va a exigir un enorme esfuerzo colectivo, echar el resto como he dicho muchas veces, y muy particularmente por parte de las pymes, que representan el 99,8% de nuestro tejido. Las cámaras de comercio deben contribuir a liderar la transformación de nuestro tejido empresarial. Una voluntad de apoyo que el sistema cameral ha demostrado siempre con creces, pero muy particularmente en estos dos últimos años en los que ha quedado patente su utilidad.
Ante la situación de encrucijada en que se encuentra la economía española, hay que consolidar un sistema cameral que está afirmando su valor como instrumento de las políticas públicas y al servicio de la empresa y la sociedad.
Y como plasmación de ese compromiso cameral, creo mi deber seguir al frente de la Cámara de España en estos momentos complicados.
P – No es un momento precisamente dulce para el tejido empresarial español. ¿Cómo contribuirá la Cámara de Comercio de España a que las grandes y pequeñas empresas españolas hagan frente a los retos de la crisis actual?
R – La Cámara de Comercio de España es una corporación de derecho público que tiene encomendada por ley la defensa de los intereses generales de las empresas y la prestación de servicios al tejido empresarial, particularmente a las pymes, para mejorar su competitividad e impulsar su internacionalización.
En un momento de gran incertidumbre como el actual tenemos que estar, más que nunca, al servicio de las empresas, sobre todo las pymes, ayudarlas y acompañarlas en el necesario proceso de transformación que deben abordar para superar la crisis actual. Ese cambio en la manera de hacer las cosas ha de activarse a través de cinco palancas: la digitalización, la formación, la sostenibilidad, la internacionalización y el emprendimiento.
Todos estos ejes de acción, particularmente los tres primeros, están incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del cual el Gobierno de España encauza los 140.000 millones de euros que España va a recibir de los fondos Next Generation.
Pero también se articulan a través de los diferentes programas que llevamos a cabo a través de los fondos estructurales de la Unión Europea, particularmente el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE).
Por otro lado, la Cámara de España debe progresar en su contribución a la defensa institucional en el marco y de acuerdo con los principios de la Constitución de 1978. Asimismo, la Cámara de España debe profundizar a través de sus comisiones en el ejercicio de la función consultiva que le corresponde realizar por mandato legal. Por otra parte, debe coordinar el sistema de cámaras de comercio con la Fundación Incyde en sus proyectos específicos en favor de la competitividad y la internacionalización de las empresas.
La naturaleza pública de las cámaras de comercio, que se rigen por el principio del interés general, nos convierte en instrumentos idóneos para la gestión y ejecución de fondos públicos. Además, acumulamos una experiencia de 20 años como organismo intermedio de la Unión Europea gestionando con eficacia y rigor fondos provenientes de FEDER y el Fondo Social Europeo. En estas dos décadas, a través de los programas puestos en marcha hemos contribuido a la mejora de la competitividad y la modernización del tejido productivo, sobre todo las pymes, así como a la formación y el empleo, a la innovación y a la internacionalización, ayudando a las empresas a adaptarse a los nuevos entornos y a los nuevos mercados, siempre con un enfoque inclusivo y sostenible. Y nuestra intención es seguir haciéndolo.
Y, por último, nuestra capilaridad–estamos presentes en toda España a través de la red de 85 cámaras de comercio- nos convierte en un aliado esencial al servicio de la Administración para la gestión de proyectos en el marco de los fondos Next Generation, que a través del sistema cameral puedan llegar a la totalidad del tejido productivo del país, y particularmente a las pymes y a los autónomos.
P – ¿Prima el pesimismo empresarial de cara a 2023? ¿Dónde estarán las oportunidades de negocio para este año que entra?
R – En un reciente estudio elaborado por la Cámara de España, en colaboración con Sigmados, se ponía de manifiesto que las empresas españolas son más optimistas respecto a la evolución de sus propios negocios que del conjunto de la economía. Esto muestra que las empresas están animadas y dispuestas a ir a por todas para superar la crisis que, por otra parte, está siendo asimétrica desde el punto de vista sectorial.
Aquellos sectores y empresas que han apostado por la internacionalización, la innovación y la formación y, en suma, por la búsqueda constante de mejoras en su productividad y valor añadido, son los que, sin lugar a dudas, capearán con mayor solidez las vicisitudes y retos que impone la actual coyuntura económica.
P – Al hilo de las rebajas fiscales que Moreno aplicará en Andalucía se ha desatado una competencia fiscal a la baja. ¿Esta guerra fiscal entre comunidades es realmente un incentivo empresarial y estímulo de empleo para España como indican los populares?
R – España debe afrontar una reforma fiscal integral, que aborde todas las figuras impositivas de manera conjunta. No puede parchearse el sistema ni deben crearse nuevos impuestos sin tener en cuenta la totalidad del esquema tributario.
Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que cualquier reforma debe tener por objetivo estimular la económica y favorecer la actividad empresarial para crear más empleo, impulsar la inversión y reforzar la competitividad.
Lo que sí podría abordarse de manera inmediata es la deflactación de la tarifa del IRPF para neutralizar el incremento de la factura fiscal que se produce como consecuencia de la subida de la inflación.
P – El último Estudio sobre Clima Empresarial de la Cámara (2022) apunta que el 54% de las empresas están familiarizadas con los Fondos Next Generation EU y que cada vez son más las compañías que los han solicitado o prevén hacerlo. ¿Qué papel está jugando la Cámara?
R – Los Fondos Next Generation son una oportunidad histórica para la transformación de las pymes españolas sobre la base de los ejes estratégicos de actuación antes citados y que han sido establecidos por la Unión Europea y trasladados al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia: digitalización, sostenibilidad y formación. A estos, desde la Cámara de España sumamos otras dos palancas fundamentales: la internacionalización y el emprendimiento.
Estos fondos van a suponer una inyección de recursos por valor de 140.000 millones de euros para transformar nuestra economía, tenemos que realizar un cambio profundo en la manera de hacer las cosas y los Next Generation nos proporcionan instrumentos y recursos para articular esa transformación.
Teniendo en cuenta que el Gobierno dispone hasta 2023 para el despliegue del Plan (y hasta 2026 para la ejecución del mismo) podemos decir que estamos en plazo, pero esperamos una aceleración durante este ejercicio en ámbitos de especial interés para las pymes, como puede ser la digitalización.
De hecho, uno de los programas más importantes de los desarrollados en España en el marco de los fondos Next Generation es Kit Digital, cuyo objetivo es facilitar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas para que puedan ganar en productividad y competitividad y ser más innovadoras. Creo que uno de los grandes aciertos de este programa es que su ejecución se asienta sobre la cooperación público-privada. El organismo promotor, Red.es -dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital- se está apoyando en toda una red de organizaciones públicas y privadas, entre ellas la Cámara de Comercio de España y la red de cámaras territoriales, para asegurar que las ayudas llegan hasta las pymes. Esa colaboración, no me cabe duda, es una de las razones del éxito de este programa, que ya ha permitido que lleguen a las pymes 400 millones de euros de los Fondos Next Generation.
P – Se habla del potencial que tiene España para impulsar energías renovables. ¿Qué hace falta para que España lidere el sector energético verde en Europa? ¿Tiene posibilidades nuestro país de ser un atractivo para la inversión energética?
R – El potencial de España en energías renovables es una realidad desde hace años, no solo a nivel europeo, sino mundial, sobre todo en el ámbito de la generación de electricidad. Por ejemplo, un tercio de toda la energía eléctrica generada en España durante 2021 procedió del viento y del sol. Los datos disponibles para 2022 van en la misma línea.
Existen, además, otras fuentes de energía como el biogás y biometano que tienen un potencial inmenso en nuestro país, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre que han elevado el precio del gas natural hasta cotas inéditas, encareciendo la factura de calefacción y electricidad tanto en los hogares como en las empresas.
Para mantener este estatus de potencia europea y mundial en energías renovables, habría que atraer inversiones estableciendo los incentivos adecuados, sobre todo en lo que respecta a las energías renovables que aún no tienen un desarrollo amplio en nuestro país. Pero lo más importante para hacer de España un destino atractivo para las inversiones en energía verde es contar con un marco jurídico seguro y estable en el tiempo, que no dependa del ciclo político y que genere confianza en los inversores.
También debería reabrirse en España el debate sobre la energía nuclear, como ha sucedido en otros países de nuestro entorno. De hecho, y según el Estudio de Clima Empresarial que de la Cámara de España, el 37% de las empresas considera necesario ampliar el número y la vida útil de las centrales nucleares en nuestro país.
P – ¿Cree que la falta de entendimiento entre los dos partidos políticos mayoritarios en España puede afectar al avance de nuestro dinamismo empresarial y económico?
R – En un momento de gran incertidumbre, como el actual, lo óptimo sería que las principales fuerzas políticas se pusieran de acuerdo para pactar medidas básicas para afrontar los importantes retos que tenemos ante nosotros. Yo he sido, y sigo siendo, un gran defensor del consenso político porque sobre él se han forjado los grandes avances económicos y sociales de nuestra historia reciente. Basta citar dos ejemplos: la Constitución de 1978 y la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea. En este momento, lamentablemente, no parece posible que se produzca ese acuerdo.
Sin embargo, creo que hay que destacar que la colaboración público-privada ha tomado el relevo al consenso político como motor de impulso para salir airosos de esta difícil coyuntura.
Lo vimos durante la pandemia y lo estamos viendo ahora, como comentaba antes, en la gestión de los fondos europeos.
El reto que tenemos ante nosotros es de tal magnitud que ni el sector público ni el sector privado pueden afrontarlo solos y ese trabajo común entre administraciones públicas, instituciones y empresas es fundamental para tener éxito.
P – Algunas empresas españolas han advertido con sorpresa y cierta preocupación en determinados países de Latinoamérica de reticencias hacia su presencia comercial. ¿Le preocupan estos conatos de rechazo?
R – Me parece tremendamente injusto porque el trabajo de las empresas españolas en Latinoamérica ha contribuido a la mejora del bienestar de la región. La inversión española se caracteriza por su compromiso con los países de destino: es una presencia estable, no especulativa; creadora de empleo de calidad y de nuevas oportunidades formativas y profesionales para la población local; impulsora del tejido empresarial local, muy particularmente de las pymes, y enfocada a alcanzar un crecimiento económico sostenible e inclusivo.