El Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular fue firmado el 8 de octubre de 2002. Veinte años atrás, José María Aznar, el entonces presidente del Gobierno de España, y Abdelaziz Bouteflika, el entonces presidente de la República Argelina, sellaron este pacto de amistad plasmado en dos documentos originales, uno en castellano y otro en árabe. Tal y como se describe en el preámbulo del tratado, una de las causas que motivó a ambas partes a suscribir este acuerdo fueron “los estrechos lazos históricos y culturales existentes entre sus pueblos y la proximidad geográfica que les une”, así como “la voluntad común de inaugurar una etapa cualitativa en sus relaciones bilaterales fundadas en la amistad y la solidaridad, y de establecer un marco global y permanente de concertación y cooperación”.
Sin embargo, aquellos lazos parecieron desvincularse el pasado 8 de junio cuando Abdelmayid Tebune, actual presidente de Argelia, anunció la suspensión inmediata del tratado hispano-argelino. El motivo principal no es otro que el apoyo mostrado por Pedro Sánchez hacia el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, una postura diplomática que España no había adoptado en sus más de cuarenta años de democracia.
Tras este histórico giro de los acontecimientos en el triángulo diplomático hispano-argelino-marroquí, cabe preguntarse ahora qué consecuencias implica la decisión de Tebune. La respuesta no solo es un grave deterioro de las relaciones diplomáticas entre España y Argelia, sino una directa repercusión económica y comercial. Con la llamada a consultas* del embajador de Argelia en Madrid y teniendo en cuenta que el país norteafricano es el principal proveedor de gas para España, el enfado argelino no es baladí. Así, Argelia podría dar prioridad a otros de sus gasoductos de suministro hacia territorio europeo sin pasar por España, por ejemplo, el gasoducto Transmed que hace llegar gas argelino a Italia.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares ha mostrado cierta tranquilidad en este asunto, sobre todo tras haber recibido el apoyo de la Unión Europea. Sin embargo, tanto el ministro de Exteriores como el presidente Sánchez han de obrar con cautela en los próximos días, pues si estas reprimendas argelinas fueran finalmente llevadas a cabo, la economía y la diplomacia españolas podrían verse seriamente dañadas.
* La ‘llamada a consulta’ es una expresión diplomática que hace referencia al llamamiento que recibe un Jefe de Misión Diplomática por parte de su Estado acreditante, en concreto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta orden requiere al embajador que se presente con la mayor urgencia posible en su Estado para informar sobre el devenir de un asunto concreto y recibir directrices de actuación. Fuente: MAEC.
Por Sandra Arévalo, consultora junior en BeConfluence
