Iniciamos un año 2023 de marcado acento electoral en España. Si siempre es de celebrar la oportunidad de conocer democráticamente la libre voluntad de los ciudadanos en las urnas, no menos importante y trascendental resulta calibrar el alcance de sus repercusiones en sus muy diferentes ámbitos de incidencia más allá de las lógicas interpretaciones políticas. Es ahí, en los efectos colaterales de este agitado calendario electoral donde situamos la afección directa sobre diversos aspectos de la actividad económica de España. Mucho más, en los tiempos nada tranquilizadores por los que atravesamos, en paralelo al transcurrir de la cruenta invasión de Rusia en Ucrania que nos atenaza.
No deberíamos dejar de recordar la ingente responsabilidad que envuelve el desarrollo de todo proceso electoral, más allá del propio ejercicio del voto y de las campañas que le preceden. Del grado de cumplimiento y aceptación compartida de esta exigencia responsable dependerá el devenir de la propia estabilidad del país y la propia certidumbre, siempre tan necesaria. De su firmeza y de su consecución, dependerá buena parte del signo político que vaya a imprimirse al imprescindible proceso de rehabilitación económica, algo por lo que los españoles venimos suspirando desde hace ya tiempo.
Las elecciones locales y autonómicas, primero, y las generales muy posiblemente al concluir el período de turno de la presidencia española de la Unión Europea (UE), en el próximo diciembre, van a convulsionar lógicamente el marco institucional donde corresponde decidir sobre cuestiones de vital trascendencia. Lo harán en un período, durante todo un año, que se antoja demasiado tiempo si con ello se llegara a impedir la adopción de medidas trascendentales para los sectores productivos. Sería imperdonable, por supuesto, que la pugna partidista utilizara arteramente aquellas decisiones de vital importancia, como si se tratara de un arma electoral para desgastar a la candidatura rival.
Mientras tanto, por el camino de este año recién estrenado queda toda una amalgama de cuestiones pendientes en su relación con la economía y con la capacidad de gasto ciudadano mientras se sigue combatiendo los efectos de la inflación. Desde los posibles y deseados acuerdos sobre la cuantía del Salario Mínimo Profesional o el sistema definitivo de Pensiones hasta la agilización y distribución efectiva de los Fondos Next Generation. Todo un atrayente carrusel de retos que deberán tener respuesta y jamás verse paralizados ni interferidos por el entorno electoral que les amenaza seriamente con engullir. Un empeño al que deberían estar concernidos tanto el Gobierno como la oposición sobre la consideración unánimemente compartida de que se trata de auténticos asuntos de Estado. Si bien es cierto que el actual ambiente político no alienta esperanzas en esta dirección de poder alcanzar un compromiso, tampoco los partidos deberían olvidarse de esa máxima que advierte de que los votantes acostumbran a penalizar las disidencias.
Con todo, más allá de los efectos siempre perniciosos del enmarañado escenario político, la economía española ha demostrado su capacidad para combatir las adversidades que le ha ido acechando, de manera especial en los tres últimos años. La fortaleza de la iniciativa privada sin volver la cara ante las adversidades y la positiva dotación de un escudo social desde el sector público han aminorado poderosamente los efectos nocivos que siempre genera una crisis hiriente.
En el éxito reconocido de esa combinación de respuestas radica gran parte de la confianza social para responder con solvencia a los malos augurios que pudieran desprenderse de un período de inestabilidad institucional al que podemos asomarnos en los meses venideros. En todo caso, estamos ante un calendario sugerente por el hondo calado de los hitos que alberga.
Por Juan Mari Gastaca, director de Asuntos Públicos en BeConfluence
