Afirmar que el acuerdo en torno a la reforma laboral se ha convertido en el asunto político de mayor calado en la mitad de la legislatura resulta una realidad incuestionable. Además, lo hace acompañado de una trascendencia de consecuencias ahora mismo impredecibles, pero que asoman con carga propia en varias direcciones. De momento, encara el trámite determinante de su aprobación en el Congreso sin que el Gobierno de coalición tenga asegurados, ni mucho menos, los votos suficientes para alcanzar la mayoría que se requiera. En paralelo, coloca en una posición nada tranquilizadora al principal partido de la oposición que intenta unir en el más difícil todavía, de un lado, su responsabilidad de Estado en la aplicación de una normativa que le suena como bastante identificable con su ideario y, por otro, con su comprensible antagonismo estratégico a las tesis manejadas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente, Pedro Sánchez.
Curiosamente, tanto PSOE como PP se ven urgidos ante la misma exigencia, pero por motivos bien distintos. Mientras los socialistas tratan de rebajar las críticas que las formaciones nacionalistas reiteran por la decepción que les supone el texto final de la reforma aceptado por todos los agentes sociales, los populares no quieren ser partícipes de la gloria política que le supondría a la coalición de izquierdas la aprobación de esta nueva normativa del mercado laboral, aunque es evidente que la música del texto y de su filosofía les resulta como propia.
Así las cosas, la situación se antoja paradójica. La izquierda advierte, con pesar, que, al final, se asiste a una propuesta resultante demasiado descafeinada y próxima a los intereses del empresariado; y, sin embargo, desde la derecha se ha llegado a criticar que la patronal haya contribuido a este entendimiento entre las partes negociadoras, provocando una cierta perplejidad.
Es aquí donde toma protagonismo el papel desempeñado por Antonio Garamendi, en su condición de presidente de la CEOE. Ha conseguido aguantar sin magulladura alguna los insistentes tirones desde la parte sindical y desde el Gobierno en su voluntad compartida de acometer una profunda revisión de la reforma. A su vez, como si se tratara de un efecto ‘boomerang’, ve cómo un texto que no satisface las reivindicaciones de la izquierda desnuda por inconsistentes las diferencias mostradas por Pablo Casado hacia el papel del líder empresarial.
Garamendi se ha mostrado como un consumado negociador. Propio de su estilo sin alharacas, siempre proclive al diálogo entre diferentes en el frontispicio de su táctica, ha mantenido por encima de las diferencias con el resto de agentes sociales una visión de Estado fácilmente reconocible. Con el trabajo cumplido, ha eludido la confrontación partidista a la que le sigue arrastrando la postura del PP para, sencillamente, exigir sin levantar la voz una propuesta que mejore sus tesis. Siempre sin forzar posturas extremistas, manteniendo una voluntad propicia al entendimiento desde posiciones encontradas, la CEOE ha acrisolado su posición en un momento histórico de presente y, especialmente, de futuro al amparo de la necesaria rehabilitación económica.
Cuando la mayoría de las voces coincidían en el arranque de estas negociaciones en escrutar el papel protagonista de la vicepresidenta Yolanda Díaz -que lo ha tenido-, el desenlace de este partido ha acabado por encumbrar a Antonio Garamendi, posiblemente porque el auténtico aroma de la nueva reforma laboral desprende una aplaudida sensación de compromiso compartido y no de triunfo ideológico como en un principio se llegó a temer como obstáculo para el consenso.
Juan Mari Gastaca, socio y director de RRII y Asuntos Públicos en BeConfluence
