Los activos de los fondos de inversión que operan en Europa de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) crecieron hasta 1,2 billones de euros en 2020, un 37,1% más que el año anterior, frente a un aumento del 4,8% de los fondos que no se califican como ESG. Y en los últimos cinco años el número de fondos sostenibles creció a un ritmo dos veces mayor que el de los fondos no ESG, según el organismo europeo de inversiones EFAMA. 

Este creciente interés que se ha despertado durante los últimos años por las inversiones sostenibles ha ido acompañado en algunos casos por un ejercicio de lavado, o Greenwashing, que ha llevado a calificar de sostenibles, inversiones que en realidad no cumplen algunos de estos parámetros, pero que se han aprovechado del interés que suscita en muchos inversores la pasión por la sostenibilidad.

Con el fin de evitar que las empresas puedan seguir llevando a cabo este ejercicio de lavado, la Unión Europea aprobó el pasado 10 de marzo el nuevo Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SDFR, por sus siglas en inglés).

El nuevo reglamento implica que, gestoras de activos, fondos de pensiones, aseguradoras o asesores de inversión que operen en la Unión Europea deberán explicar cómo evalúan la sostenibilidad medioambiental y social de sus productos, y cuando anuncien estar cumpliendo este tipo de criterios tendrán que dar información detallada sobre cómo llevan a cabo esta gestión.

Además, como la cartera de inversiones de estas entidades suele incluir participaciones en diferentes activos y empresas, lo más probable es que la aplicación del nuevo reglamento de la Unión Europea produzca un efecto en cadena que obligará también a las empresas participadas a evaluar con mayor cuidado sus riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y a una mayor transparencia sobre las políticas de sostenibilidad que aplican.

El nuevo Reglamento forma parte de un plan de acción más amplio de la Unión Europea que se perfeccionará con la implantación de la taxonomía europea de finanzas sostenibles y la creación de una etiqueta de bono verde europeo, que acabará afectando a la información que publiquen las empresas de todos los sectores.

El objetivo de este paquete de medidas es el de incentivar la inversión sostenible y también la transparencia de la información, con el fin de que los inversores cuenten con una mejor información a la hora de tomar sus decisiones

Aunque según algunos expertos, estas normas todavía son incompletas, porque siguen sin definir claramente lo que es sostenible o no, y falta por desarrollar completamente la taxonomía aprobada por el Consejo Europeo en junio de 2020, las decisiones adoptadas hasta ahora obligarán ya a las empresas a mostrar una mayor coherencia entre lo que cuentan y lo que realmente hacen, si no quieren ver mermada su reputación si se descubre que en realidad siguen haciendo Greenwashing.