Es fácil de convenir que el reciente Debate del estado de la Nación no ha dejado indiferente a nadie. De entrada, porque recuperaba la atención perdida por un uso del parlamentarismo que parecía ya olvidado. En su desarrollo, porque ha dispuesto de una serie de medidas, alguna de ellas sorprendente y de inmediata repercusión mediática y social, llamadas a provocar una indudable repercusión por su decisiva aplicación. Y, finalmente, porque abre la puerta a las consabidas interpretaciones políticas, siempre tan recurrentes.

Bien podrá decirse que este Debate aporta como conclusión más explosiva el anuncio de un impuesto para los beneficios de los dos próximos años de las empresas energéticas y las entidades financieras. Un gravamen develado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que hasta ahora figuraba en la hoja de aspiraciones ideológicas de Unidas Podemos, y más concretamente en el ideario de Yolanda Díaz, dentro de su proyecto político Sumar.

Habrá quien entienda que otra de las grandes conclusiones de este Debate fue la defensa solidaria del PP de las víctimas de ETA, aunque quizá fue un gesto mucho más relacionado con la polémica Ley de Memoria Democrática que con el propio cruce de propuestas relativo al estado de la nación. En todo caso, sería una excepción a la proyección conseguida por el golpe de efecto asociado al nuevo impuesto enunciado y por el que Hacienda espera recaudar 7.000 millones de euros.

La respuesta macroeconómica a este hachazo fiscal a los beneficios de eléctricas y gran banca no se hizo esperar y sus ecos, mantienen idéntica intensidad. La Bolsa recibió con un inmenso rechazo, por medio de la caída del valor, la imposición de este anuncio. A la par, ya han empezado a circular los primeros estudios valorativos que inducen a pensar en las dificultades que va a encontrar el Gobierno de la nación para recaudar los 7.000 millones que se propone.

Para dotar a esta medida de una sólida base de seguridad jurídica, hubiera sido deseable que estuviera acompañada de una conveniente argumentación sobre la trazabilidad que se le espera. No ha sido así y de ahí que provoque un cierto amago de improvisación más allá de la interpretación en clave ideológica que lleva aparejada y que supone la razón de su existencia.

Bien es cierto que no es una medida nueva en el contexto de los países de la Unión Europea y que dispone de una reconocida aceptación entre un sector cuantitativo de la ciudadanía española. Pero en el contexto de inseguridad económica por el que atravesamos en razón del devenir de la invasión militar rusa en Ucrania, deberían ser tenidos en cuenta aquellos factores que pueden distorsionar la efectividad de las auténticas medidas sanadoras de la crisis que padecemos y que aún puede presentar efectos más devastadores.

Con todo, esta medida que puede resumir el Debate del estado de la Nación en cuanto a una referencia global de su desarrollo aporta una dosis de mayor estabilidad a la acción de gobierno, y especialmente en el ámbito del PSOE, donde el batacazo sufrido en las elecciones andaluzas había anidado un espíritu de reconocido desasosiego y desazón por el futuro político inmediato.

En un entorno inmediato donde crisis como la de Italia y Reino Unido agudizan el clima de preocupación por el delicado momento que se atraviesa, España dispone de dos realidades que alejan esos vientos de inestabilidad. Es digno de resaltar cómo ha quedado apuntalada en estos días la existencia de una mayoría parlamentaria, aunque haya quien afee que siga construida sobre el apoyo de partidos independentistas, al tiempo que la derecha sigue fortaleciendo sus aspiraciones de alternativa desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP.

Sobre esa base, sería deseable que los dos partidos mayoritarios propiciasen siquiera un mínimo punto de encuentro, sobre el cual compartir un cuadro marco de medidas estructurales que den respuesta a las necesidades derivadas de una inflación que camina desbocada para inquietud de hogares y empresas. Si así se hiciera, tendría un inmediato reconocimiento porque serviría para aplacar los perversos efectos que se auguran con la llegada del próximo otoño. Sería una auténtica apuesta de Estado.

Juan Mari Gastaca, socio y director de RR.II. y Asuntos Públicos en BeConfluence