Es muy posible que hayamos asistido a uno de los ejercicios más intensos de la carpeta de Asuntos Públicos de los últimos tiempos. Lo ha propiciado la gestación y desenlace de la aprobación en el Congreso de la Ley Audiovisual, quizá uno de los textos normativos de mayor alcance a nivel mediático en dura pugna con la legislación relativa al Cambio Climático que, precisamente, ahora se dispone a cumplir su primer aniversario.
No ha podido sustraerse la Ley Audiovisual a una permanente polémica, donde los componentes de su propia regulación así como los intereses defendidos por algunos partidos políticos se han ido entrelazando temporalmente y, por ello, favoreciendo el ejercicio permanente de los servicios profesionales de Asuntos Públicos, que vuelven así a consolidar la vital razón de su existencia. Un envolvente de marcado carácter político del que no ha podido despojarse hasta el último momento, como ha quedado demostrado en la votación del pasado jueves, en el extenso Pleno del Congreso de los diputados. Aunque esta Ley tiene ahora que cruzar el Rubicón del Senado, lleva consigo el estigma de que ha propiciado la primera división en el sentido del voto entre los dos socios que conforman el actual Gobierno Sánchez.
Cabe señalar que esta Ley Audiovisual tiene como objeto, según se recoge en el propio Boletín Oficial, “regular la comunicación audiovisual de ámbito estatal, así como establecer determinadas normas aplicables a la prestación del servicio de intercambio de vídeos a través de esta plataforma”. Por lo tanto, dispone de todos los ingredientes para representar una sustancial afectación a una tupida serie de industrias que operan en torno a este importante sector.
La sucesión de intereses en juego y la defensa de los mismos ha obligado a sus respectivos colectivos a requerir de los servicios de las áreas de Asuntos Públicos, que han desplegado una intensa actividad en los ámbitos parlamentarios y del propio Ministerio de Cultura, responsable inicial en la presentación del texto de ley, aunque quizá no tanto en la introducción ulterior de un cambio normativo que ha sido, casualmente, el desencadenante de la fundada discrepancia entre PSOE y Unidos Podemos a la hora de emitir el voto en la Cámara.
Con la gestación y debate de esta Ley Audiovisual se ha podido poner en valor la aportación de cuantos profesionales queremos proyectar el auténtico servicio que entraña el ámbito de los Asuntos Públicos. Grupos, empresas, organizaciones han requerido durante varias semanas y meses de esta aportación al socaire del tránsito de la Ley Audiovisual. Se ha asistido a una gestación largo tiempo esperada y a un desarrollo posterior donde se han tenido que conjurar intereses, prestaciones y oportunidades de una regulación intrínsecamente imprescindible.
Ha sido una excelente oportunidad para que los grupos parlamentarios, las esferas de la Administración y profesionales del sector audiovisual compartieran sus inquietudes, sus puntos de vista, sus anhelos y también esferas de consenso en una fotografía muy enriquecedora para dar cumplida respuesta a lo que quiere representar y representan los Asuntos Públicos.
No se ha concluido el trabajo. La sorprendente decisión final registrada en la votación del Pleno del Congreso deja ahora abierta la puerta a nuevas enmiendas durante el proceso de debate consiguiente en el Senado. Será, por tanto, otra oportunidad para que las empresas consultoras de Asuntos Públicos sigamos contribuyendo a este diálogo abierto que se muestra enriquecedor para la mejora definitiva en la regulación de un sector de reconocido peso económico y proyección social y que en los próximos meses va a ir en consonancia con los cánones europeos como se le ha venido requiriendo.
Juan Mari Gastaca, socio y director de RRII y Asuntos Públicos en BeConfluence
