Es muy posible que al enumerar la lista de negocios florecientes durante el traumático período de la actual pandemia resulte bastante sencillo apuntar la entrega a domicilio como uno de los más reconocidos. Los riders se han convertido en una escena cotidiana de nuestras calles en la realización de un trabajo de servicio ciudadano, que va a seguir despuntando, sin duda, por sus altos ratios de actividad.
Pero también este negocio, además de quienes lo impulsan y quienes lo ejecutan, se ha visto envuelto en los últimos meses por una abierta polémica en torno a su regulación. Existe un compartido interés, especialmente desde el Gobierno y los sindicatos representativos de los trabajadores, por despejar las excesivas incógnitas que rodean a este servicio, cada vez más en boga y que ha venido no solo para quedarse entre nosotros sino para seguir creciendo.
A fecha de hoy, todavía no ha llegado al Consejo de Ministros el texto compartido hace ya demasiadas semanas por los agentes sociales junto al Ministerio de Trabajo sobre este denodado intento por procurar la regulación de los riders. Se trata de un retraso que empieza a generar preocupación entre los propios trabajadores y que, de paso, abre una cierta incomodidad entre algunas de las empresas del sector. Esta regulación no es un trabajo fácil y la fórmula escogida tampoco ha concitado la unanimidad conveniente entre los grupos que impulsan este negocio.
El devenir de este servicio está obligando a exprimir al máximo el tiempo de entrega para saciar así las exigencias de los clientes. Se trata de cumplir unas promesas en la puesta en el domicilio de los pedidos realizados que exigen, en su mayoría, un ímprobo esfuerzo humano y de infraestructura pero, al mismo tiempo, de una dotación suficiente de trabajadores. Todo ello, lógicamente, va a repercutir en el precio competitivo que las empresas deben fijar y, a su vez, repercutir, en los establecimientos que proporcionan los productos para el consumo.
El anunciado acuerdo sobre la regulación de este servicio no se ha correspondido con una pacificación en el sector. De entrada, Glovo no ha dudado en abandonar el amparo de la patronal CEOE porque no comparte la filosofía precisamente del acuerdo alcanzado con el Gobierno español. Se trata de una salida demasiado significativa, que ha hecho mella en el sector y que ha levantado indudables suspicacias entre los trabajadores por las repercusiones que pudiera provocar. Sin duda, no se trata de una buena noticia porque resquebraja una teórica unidad de entendimiento y, de paso, abre la puerta a la duda sobre la eficacia real del acuerdo que deberá será ratificado por el Gobierno de coalición en los próximos días.
A su vez, precisamente este retraso en el envío al Consejo de Ministros del texto aprobado por los agentes sociales está inquietando a los trabajadores, que no aciertan a comprender las razones de tal demora. En un principio, este aplazamiento se debe a las dificultades jurídicas que existen para dar cobertura legal al vacío temporal que se produce entre la entrada en vigor del acuerdo consensuado y su aplicación legal, exigencia de la representación empresarial y que fue aceptada para dar vía libre al entendimiento de la futura norma.
Es decir, no se asiste al escenario más propicio para un desarrollo reglado y sin conflictos de este servicio de indudable apetencia ciudadana. Hay algunas sombras que perturban el clima necesario para que los trabajadores no vuelvan a rebelarse contra las empresas por las condiciones de sus respectivos desempeños laborales. Para ello, convendría agilizar al máximo la dotación de este acuerdo consensuado, pero también eliminar las susceptibilidades desatadas entre cualificados representantes de las empresas del sector. Se trata de un negocio con expectativas alcistas muy reconocidas, pero que puede sentirse frágil por unas condiciones laborales demasiado volátiles.
Juan Mari Gastaca, socio y director de RRII y Asuntos Públicos en BeConfluence.
