Por Juan Mari Gastaca, socio y director de Política y Asuntos Públicos en BeConfluence.
La certidumbre constituye una de las principales respuestas que las instituciones deben aportar en tiempos de crisis.
Evitar la confusión debería estar grabado a fuego en el frontispicio de las instituciones públicas cuando afrontan una crisis. Mucho más que si dispone de la magnitud provocada por la Covid-19. Es imposible transmitir la seguridad que ambiciona el receptor si se asiste a un carrusel de pronunciamientos y actitudes nada clarificadoras. Nada mejor que el dato concluyente, la posición determinante y la estrategia definida para que la certidumbre se abra paso en la conciencia ciudadana. Estas deberían ser las reglas de juego permanentes para encarar una catástrofe como la que tanto nos preocupa por las trágicas repercusiones humanas, sanitarias y económicas que conlleva.
Es comprensible que en los tiempos de turbación, la estabilidad emocional suponga una aspiración difícil de conseguir. No hay tiempo para la reflexión sosegada sino urgencia para la respuesta inmediata. Es la ocasión propicia, sin embargo, para la prudencia. Ante el vértigo que supone la adopción de medidas de hondo calado, urge la ponderación y la mesura. Es el momento de abrir la puerta al consejo, al contraste de opiniones y sensaciones, a abrazar el consenso más amplio posible.
Sirva como paradigma del error la escenificación del Gobierno relativa a la paralización de las actividades no esenciales en el territorio español sin excepción geográfica alguna. Un desafortunado canto a la confusión en plena crisis mediante la disfunción que ha supuesto el repentino anuncio del presidente Pedro Sánchez, el posterior acuerdo del Consejo de Ministros un día después, la interminable elaboración de la normativa durante varias horas y las múltiples interpretaciones sobre su correcta aplicación.
Mucho más allá de la libre interpretación política y empresarial de la medida acordada, incluso del sorprendente cambio de criterio del propio gobierno en una cuestión de semejante trascendencia, el desasosiego creado debe merecer una pública reconvención a sus responsables. Nada más reprobable en momentos de zozobra e inquietud que contribuir a la confusión. Así lo ha hecho lamentablemente el gobierno de coalición es una evidente muestra de impericia que alienta las críticas sobre el grado de solvencia para encarar la catástrofe a la que desgraciadamente asistimos.
Conscientes de la tragedia sobrevenida, la clase empresarial española ha venido priorizando y demostrando su solidaridad con las necesidades sanitarias causadas por la propagación sin distingos sociales de tan maligno virus. Lo ha hecho al tiempo que advertía de las dramáticas repercusiones económicas que este mazazo global tendrá para los próximos años, apelando a la adopción de medidas paliativas, primero, y generadoras, después, en favor de la recuperación del tejido productivo de nuestro país. No han sido atendidos por el gobierno en un gesto de desconsideración tremendamente desolador.
Incluso, los posteriores equívocos generados por una inconexa articulación de este último Real Decreto Ley todavía desazonan más a un sector crucial para la suerte inmediata y futura de España. Resulta ciertamente desesperante que una decisión de esta envergadura sea capaz de alimentar dudas sobre su correcta interpretación. Bien harían los responsables políticos más concernidos en conjurarse para siempre en una máxima irrenunciable: “decidiré, pero nunca confundiré”.
