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La gran inversión de proteger al pequeño comercio

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Por Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio.

El sector del comercio se enfrentaba, ya antes de esta crisis sin precedentes, a una situación muy complicada motivada por la aparición de nuevas formas de distribución – principalmente venta online – así como por los cambios de hábitos de los consumidores que precisan la adaptación del pequeño comercio; un cambio para el que el sector está realizando importantes esfuerzos a través de la digitalización. Teniendo muy presente, sin embargo, que nuestra forma de venta es física, y que esa es y debe seguir siendo nuestra gran fortaleza por todo lo que implica: el comercio de proximidad aporta a los clientes cercanía, trato personalizado, experiencia y, además, revitalizamos nuestros entornos, generando seguridad, limpieza y sobre todo vida, porque el comercio de proximidad da VIDA. Y esto es algo que las personas, en este tiempo de confinamiento, entiendo, han podido valorar. Solo hace falta preguntarse ¿imagina que sería de nuestras calles y barrios si desapareciesen los comercios?

A mi forma de ver, esto debe suponer un relanzamiento de nuestro sector. Aunque no es menos cierto que el trabajo que nos queda a los empresarios/as es importante y va a ser duro por los tiempos que se nos avecinan, intuyendo una caída del consumo muy importe como consecuencia de la falta de actividad y el previsible incremento de las cifras del paro.

La Confederación Española de Comercio (CEC) representa a cerca de 450.000 comerciantes que dan trabajo a cerca de 1.300.000 personas en España, aglutinando a las organizaciones empresariales de comercio provinciales y autonómicas, así como a las sectoriales estatales de los distintos sectores de nuestra actividad. Por ello, somos conocedores de primera mano de la situación del sector, así como de sus demandas y necesidades.

En nuestro papel de representantes del comercio, trasladamos al Gobierno una serie de propuestas para a ayudar, en esta nueva etapa llena de incertidumbre, a la reactivación de sector, el cual ha mostrado un comportamiento ejemplar en los sectores considerados esenciales durante los meses de estado de alarma. Porque gracias a nuestro modelo de comercio hemos superado el periodo de confinamiento sin ningún problema de abastecimiento, a diferencia de otros países con modelos no tan dependientes del comercio de proximidad.

Entre nuestras propuestas, demandamos en primer lugar voluntad política clara para establecer un plan de ayuda urgente al comercio, con apoyo presupuestario, lo cual se facilitaría en gran medida con la declaración del comercio como sector estratégico de la economía española. Un reconocimiento fundamental para otorgarle la importancia y reconocimiento que merece a nivel social, político y económico. Se debe poner en valor el sector comercio con políticas concretas y mantenidas en el tiempo, como se ha hecho en otros sectores, considerados estratégicos.

En materia fiscal, es necesario un conjunto de medidas de apoyo fiscal y financiero que garanticen liquidez a las empresas, empresarios y pequeñas y medianas empresas del sector comercio afectados: aplazamientos del pago de la deuda tributaria, suspensión de  pago de tributos y bonificaciones en IVA, IRTP en aquellos subsectores mas golpeados con la caída de actividad, entre otros.

En cuanto al comercio electrónico, es preciso una regulación en la que todos los formatos podamos competir en igualdad de condiciones, impidiendo que se tengan unas tributaciones distintas según la razón social.

Es imprescindible también el alargamiento de los ERTES para la supervivencia de miles de comercios y el mantenimiento de los puestos de trabajo; las incorporaciones deben acompasarse al incremento de la demanda y la actividad, lo contrario supondría el cierre de miles de comercios.

La problemática arrendaticia debería ser tomada en consideración según el emplazamiento de los comercios, y en este sentido, la publicación de un nuevo Real Decreto que corrija las ineficiencias del RD/2020, debería de ser una prioridad. Introducir un mecanismo de arbitraje sobre las diferencias entre partes que cuestionasen la equidad de las cláusulas más gravosas y perjudiciales para el arrendatario aportaría equilibrio en la relación.

Por último, este es el momento oportuno para acometer un problema que llevamos años padeciendo y denunciando, la venta ilegal de productos falsificados.  La lucha contra esta práctica debe de ser inmediata y constante, ya que supone miles de millones de pérdidas anuales al sector de la distribución comercial, a la vez que incide en la no recaudación en las administraciones. Si el Gobierno quiere combatir con el fraude fiscal, ahí tiene una partida importantísima, en la que, con voluntad política, se podría conseguir grandes incrementos y evitar el daño que nos hace esta práctica. En este aspecto, las medidas que se tomen deben ir acompañadas de campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a los consumidores, en contra de la compra de este tipo de productos, así como de campañas que impulsen el consumo en el comercio de proximidad.

En este camino para la reactivación, entiendo que la participación de la CEC debería de ser tomada en consideración para la toma de decisiones que afecten al comercio, así como para la puesta en marcha de iniciativas y/o planes dirigidos al sector.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando para poner en valor un modelo de distribución comercial como el que tiene España. Valorémoslo y actuemos en consecuencia para protegerlo, es una gran inversión.

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