La palabra lobby, con el significado actual de grupo de influencia, tiene un origen cuando menos curioso. El término surgió en Inglaterra a finales del siglo XVIII, cuando los ciudadanos tenían prohibido el acceso a la Cámara de los Comunes, por lo que las reuniones con los representantes públicos se celebraban en los pasillos o en las salas de espera del Parlamento, denominadas en inglés lobbies. De ahí que la actividad de relacionarse con los políticos para tratar de influir en sus decisiones y las personas o grupos que llevaban a cabo esta función acabaran adoptando el nombre del lugar en el que se desarrollaba.

Desde entonces, la actividad ha evolucionado de manera significativa y actualmente es una función reconocida legalmente en la mayoría de los países, al considerar que es indispensable para el buen funcionamiento de cualquier sistema democrático. Y afortunadamente ya no es necesario seguir realizándola en los incomodos pasillos de las instituciones públicas, lo que resulta mucho más confortable para lobistas y políticos que deben reunirse con frecuencia.

De hecho, según un informe reciente impulsado por el Foro Empresarial de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y elaborado por Deusto Business School, la mayoría de los representantes y cargos públicos se relaciona con lobistas de forma natural y frecuente. El estudio señala que un 96,7% ha tratado en algún momento con ellos, mientras el 74,6% mantiene un contacto frecuente.  

Además, el estudio muestra que los políticos consideran que la actividad de representación y defensa de intereses ante las instituciones es un pilar fundamental en las democracias modernas. Un 89,8% de los encuestados considera útil o muy útil la participación de los grupos de interés en la detección de necesidades en la sociedad y el 83,9% en la identificación de preferencias de actuación pública. Sólo un 1,7% de los decisores políticos encuestados afirma que las actuaciones públicas no se ven modificadas nunca o casi nunca como resultado de la actuación de los lobbies.

Los resultados de este informe contrastan fuertemente con los datos del estudio de Transparencia Internacional realizado en 2016, que desveló que el 82% de los españoles consideraba el ejercicio del lobby corporativo como generador de políticas contrarias al interés general de la población.

Unos recelos que cinco años después de la publicación de ese primer informe parecen seguir existiendo entre determinados sectores de la opinión pública, debido fundamentalmente a la existencia todavía de algunas malas prácticas en el desarrollo de la actividad y a ciertos prejuicios respecto a la clase política y empresarial, así como a la falta de transparencia que aún impera en los procesos decisorios.

Incluso en países como en Reino Unido, donde nació el concepto de lobby y desde finales del siglo XIX cuenta con algún tipo de regulación específica, continúan surgiendo periódicamente polémicas en torno a esta actividad.

La más reciente ha sido la quiebra de la empresa financiera de origen australiano Greensill Capital, que llevó a un diario tan influyente como Financial Times, a dedicar un editorial a la necesidad de revisar la normativa sobre el lobby en este país ante el controvertido papel desempeñado por el ex primer ministro británico David Cameron en este asunto.

En su editorial, el prestigioso diario afirmaba que “el lobby es una actividad legítima. Es esencial para el funcionamiento de una economía moderna y sofisticada como la británica que las empresas, especialmente las grandes que son tan vitales para su funcionamiento, sean capaces de comunicar sus necesidades al gobierno. Los ministros deben consultar ampliamente y ser conscientes de si están creando problemas inadvertidamente para el normal desarrollo de las empresas. Para que este sistema funcione, sin embargo, la transparencia es clave: los temores de acuerdos en la trastienda y la turbia venta de influencias sólo pueden aliviarse con una declaración honesta de quién ha estado hablando antes de que se tomen grandes decisiones.”

En la misma línea viene manifestándose desde hace años en nuestro país la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) -la organización que representa a los profesionales españoles del sector del lobby, los asuntos públicos y las relaciones institucionales-, que ha aprobado hace poco un nuevo código de conducta en el que se refuerzan las exigencias de transparencia y comportamiento ético para los lobistas asociados.

Con este paso, APRI trata de establecer unas líneas claras para el ejercicio del lobby en España y lanza un mensaje al Gobierno sobre la necesidad de desarrollar una regulación adecuada. Una reclamación, que según publicó hace unas semanas El Confidencial, ya ha sido acogida por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, quien ha dado instrucciones para agilizar la preparación de la norma.

Entretanto, y de acuerdo con el nuevo código deontológico aprobado por APRI, las empresas y los profesionales del lobby en España podremos guiarnos por los nueve puntos que establece el Código, que constituyen una referencia básica para la práctica honesta de esta actividad y que como ha señalado la presidenta de la asociación, María Rosa Rotondo, se sustenta en dos conceptos: ética y transparencia”. Dos aspectos que también están presentes de manera permanente en la manera de actuar de todos los profesionales que formamos parte de BeConfluence.

Pedro Martínez. Socio BeConfluence