Han transcurrido demasiados años en España donde se ha venido entendiendo como un antagonismo insoslayable los conceptos público y privado en el ámbito económico, incluso social. Como si fueran dos realidades que caminaran por vías paralelas sin ningún propósito de converger. En verdad, no era difícil -quizá todavía puedan encontrarse rescoldos- disponer de innumerables ejemplos de esta incompatibilidad tan poco edificante. Pero han tenido que encadenarse situaciones adversas de indeseables repercusiones económicas y sociales para que empiece a despertarse una toma de conciencia mucho más posibilista en favor de una necesaria, por lógica y eficaz, cooperación entre el ámbito público y privado.
Bastaría con centrarnos en el tiempo que nos ocupa para constatar que ese germen de progresivo entendimiento empieza a tomar cuerpo en la realidad española. Y uno de los paradigmas más representativos se encuentra en la imprescindible apuesta conjunta que se deberá acometer para abordar con garantías la necesaria recuperación económica que suponen los fondos europeos.
Ni el Gobierno ni las organizaciones empresariales ni el resto de agentes sociales pueden permitir que se rompa el eslabón en la apuesta unitaria por la generación de sólidos proyectos que aseguren un perentorio retorno de los planes de ayuda económica que ha fijado la Unión Europea para paliar los devastadores efectos de la pandemia de la Covid-19. Por ello, es de reconocer como alentador que se empiecen a constatar guiños de complicidad entre el Ejecutivo y la patronal para encauzar las aspiraciones de las empresas españolas en la confección de unos proyectos capaces de obtener este reconocimiento de las instituciones europeas.
La magnitud del reto que encierran los fondos europeos no encuentra una comparación sostenible en esta época moderna ni tampoco en el contexto al que dolorosamente asistimos. La desbordante aportación económica y financiera de la UE viene a socorrer las necesidades de un Continente que ve peligrar su solvencia y viabilidad como jamás pudo imaginar. Es por ello que urge la máxima responsabilidad para convertir este indudable mazazo, por la vía de los hechos y no de las declaraciones bien sonantes, en una oportunidad de auténtica rehabilitación.
En España ya se han dado los primeros pasos, donde CEOE y Gobierno han conformado su compromiso de unidad de acción, que tantas veces se ha venido reclamando ante demasiados oídos sordos. La canalización facilitada inicialmente por la patronal desde sus propios órganos internos confirma que el empresariado no quiere perder tiempo en la conquista de este reto. A su vez, las primeras reuniones con los demás agentes sociales vienen a demostrar que hay una nítida voluntad de entendimiento en el arranque de este proceso, que debería disponer de una capilaridad sin excepciones por encima del tamaño de las empresas. Va a ser una ventana abierta a la innovación, a la digitalización, a las apuestas de futuro y en ese marco de actuación es donde deberá ponerse en valor la capacidad y el talento para aprovechar la magna oportunidad que se ofrece.
Apuntalada, siquiera de entrada, la probada existencia de esta colaboración público-privada resultaría conveniente advertir cuanto antes de la siempre tentadora presencia de aquellos grupos de interés propio que pretendan obtener réditos propios sin esfuerzo. La ocasión emerge tentadora porque habrá mucho dinero e interés en juego durante bastante tiempo. Es ahí donde la intervención de un Estado vigilante con este tipo de actuaciones tan poco decorosas como conocidas se antoja más imprescindible que nunca. Es imprescindible que nadie se sienta perjudicado en el desarrollo de sus proyectos ni vea coartada su capacidad de desarrollar su apuesta económica por efectos exógenos nada edificantes. La apuesta dispone de una dimensión de proyecto de país y, por tanto, también de responsabilidad y acción compartida.
Juan Mari Gastaca, socio y director de RRII y Asuntos Públicos en BeConfluence.
