Es posible que la niebla espesa de las dramáticas consecuencias sociales, sanitarias y económicas de la pandemia y la interminable y absurda batalla política entre los gobiernos central y de la Comunidad de Madrid vayan desplazando lamentablemente una cuestión de indudable trascendencia: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Quizá nunca como en el ejercicio que nos ocupa las Cuentas han dispuesto de un significado tan crucial. Si bien toda aprobación de un proyecto de ley por las dos Cámaras legislativas asume en sí mismo un valor económico por su propio contenido, en esta ocasión se le añade una dimensión política de reconocido alcance y que llega en un contexto de máxima inquietud empresarial, institucional y ciudadana.
Nunca como ahora han resultado tan necesarios unos nuevos Presupuestos. Las dentelladas del virus a nuestro sistema productivo, a nuestro valor industrial y de servicios han creado un estado de especial desasosiego en demasiadas capas de la sociedad que necesitan de un compromiso de reacción económica lo más unitario posible. Se trata de una auténtica razón de Estado que debería situarse muy por encima de las sensibles diferencias ideológicas y de rivalidad partidista que cada día se antojan más irreconciliables. No resulta una empresa sencilla habida cuenta del estado de excitación que se detecta, no exento de una penosa irresponsabilidad.
Europa nos está mirando con un escrupuloso detenimiento. Las instituciones europeas comparten una sensible preocupación por el progresivo grado de endeudamiento de nuestro país y el crecimiento de su déficit público. España sigue presentando un mapa nada alentador en cuanto a su batalla contra la propagación del virus y las consecuencias económicas que de ello resultan. Y mucho peor en el escenario europeo donde volvemos a situarnos en los puestos más desaconsejables. Por todo ello, la aprobación de unos Presupuestos transmitiría una imagen muy tranquilizadora para la UE, de donde -no se puede olvidar- tiene que salir una ingente cantidad de miles de millones de euros para ir paliando las dentelladas que están sufriendo nuestras arcas públicas por la aplaudida dotación del escudo social que significan los ERTE.
No es descartable que en cualquier otro país europeo el debate de los Presupuestos de la nación provoque un estado de acción concertada que en el caso de España lamentamos por su ausencia. Bien es cierto que no son momentos para la trifulca política, pero la confrontación ha llegado a tales niveles de agresividad que resulta imposible augurar un escenario siquiera de punto de partida para un diálogo mínimamente sensato.
Tampoco puede obviarse que la aprobación de estos Presupuestos daría un empujón definitivo a las ambiciones personalistas de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder hasta el final de la legislatura, por encima del clima de hostilidad al que se asiste desde su investidura. Precisamente esa conquista política representa un punto de retorno para la oposición al actual gobierno de izquierdas porque los arrastraría a una derrota difícil de asumir en los años venideros. Sin embargo, es el momento propicio para exigir a las fuerzas de la derecha, y muy especialmente al PP, que despliegue una ofensiva de diálogo reivindicativo con visión de partido con responsabilidad de gobierno para que la ciudadanía constate su cuota de decisión en una cuestión de reconocida proyección institucional.
Una sociedad, una economía, su sanidad, su educación, su recuperación esperan con ansiedad la resolución de estos Presupuestos, prestos a abrir su decisiva ronda de negociación. Un diálogo entre diferentes al que el gobierno debe acudir con propuestas concretas, reales, viables que creen confianza y no eleven el descrédito hacia su capacidad de gestión. Se avecinan semanas de especial voltaje donde los titulares y reacciones de regate corto deberían dejar su sitio, siquiera por un espacio de tiempo reducido, a la prudencia y el diálogo propositivo. Todo un ejercicio de responsabilidad y de compromiso por el propio país.
