Fue el expresidente del Gobierno de España, Felipe González, quien popularizó la diferenciación entre opinión pública y publicada, para distinguir entre los que en aquel momento criticaban más duramente la actuación de su Gobierno, opinión publicada, y lo que, según su punto de vista, pensaba la mayoría de los ciudadanos, opinión pública.

Si resulta difícil saber hasta qué punto esta distinción es cierta, mucho más complicado es saber cómo se forma eso que se ha venido en llamar opinión pública desde que se inició el auge de los medios de comunicación de masas.

Actualmente, la labor se ha vuelto aún más difícil, porque los medios para generar opinión se han multiplicado gracias a las posibilidades que ofrece Internet y el auge de las redes sociales.

Desde hace algún tiempo las principales plataformas sociales han centrado la atención de los críticos por el supuesto mal uso que se hace de ellas para difundir información falsa o para manipular a la opinión pública mediante el uso de algoritmos que permiten dirigir los mensajes con una precisión inédita hasta ahora.

La crítica no es menor, porque uno de los pilares de cualquier sistema democrático es la opinión pública, ya que la decisión de los electores se basa en la información de la que disponen para tomar sus decisiones.

En nuestros días vivimos en un mundo de saturación informativa. Pero la cantidad no es sinónimo de calidad. De hecho, el exceso de información puede ser uno de los mayores obstáculos para formar una opinión contrastada. Especialmente cuando la información viene trufada de noticias falsas e interesadas.

En un contexto como este, está claro que una de las prioridades de las sociedades democráticas debe ser la lucha contra la desinformación y la proliferación de noticias falsas. Como en tantos otros casos, saber lo que se debe hacer, no significa que sepamos cómo hacerlo y, mucho menos, que exista acuerdo sobre el mejor camino para ello. 

La Ley que ha aprobado el Gobierno de Australia para obligar a Facebook y a Google a pagar por las noticias publicadas podría ser un paso en el buen camino para preservar la existencia de los medios de comunicación de calidad y el trabajo de los periodistas.

Ya hace más de un siglo, el periodista y filósofo, Walter Lippman escribió que “los ciudadanos pagan el teléfono, sus billetes de tren, sus coches y su ocio, pero no están dispuestos a pagar por las noticias abiertamente. No obstante, sí están dispuestos a pagar generosamente el privilegio de que alguien lea sobre ellos”.

Por ese motivo, hoy como entonces, sigue siendo necesario el trabajo de los periodistas para ayudarnos a entender lo que ocurre y a distinguir entre información veraz y propaganda. Esa importante función tiene un alto valor y también un elevado precio, como por desgracia lo demuestra el medio centenar de periodistas que fueron asesinados en el ejercicio de su profesión durante el año 2020, casi todos en sus propios países, según el último informe de la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF).

Por Pedro Martínez, socio de BeConfluence.