Por Kepa Solaun e Iker Larrea, Factor.

Europa se ha propuesto abordar la recuperación económica derivada de la pandemia a través de políticas expansivas que aceleren la descarbonización. En el largo plazo se pretende alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, el equilibrio entre emisiones de gases de efecto invernadero y absorciones por sumideros. Ello es consistente con la ciencia del clima y el Acuerdo de París. A 2030, el denominado Climate Target Plan europeo de diciembre de 2020 propone reducir las emisiones netas en al menos un 55% respecto a los niveles de 1990.

España, que emitió 290 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) en 1990 y 442 millones en 2005, ya había iniciado su descarbonización antes de la pandemia, con 314 millones en 2019. Todavía no se disponen de datos oficiales, pero se cree que en 2020 las emisiones fueron de unos 260 millones (-18% en un año y -10% sobre 1990), fruto no solo de la caída del PIB, sino de un avance en la descarbonización del sistema eléctrico (año récord para la generación renovable, con el 44% del total).

La aprobación del proyecto de Ley de cambio climático y transición energética en abril de 2021 ha supuesto un paso más en los esfuerzos de España por contribuir a la estabilización del clima a tiempo. Sus objetivos cuantitativos incluyen reducir las emisiones en un 23% (es decir, hasta los 222 millones) y aumentar las renovables hasta alcanzar el 74% de la generación eléctrica para el año 2030. Dichos objetivos, que reproducen la planificación remitida a Europa antes de la pandemia, serán revisados con total seguridad en el corto plazo.

En el plano cualitativo, la Ley aborda de manera novedosa y ambiciosa dos ámbitos de intervención prioritaria: la descarbonización de la movilidad y el transporte, y la reforma del sistema financiero para limitar los riesgos climáticos. En el primero, el impulso al vehículo eléctrico, la obligatoriedad de planes de movilidad sostenible en municipios de más de 50.000 habitantes o el fomento de combustibles alternativos a los de origen fósil pretenden reducir las emisiones en 27 millones en 2030. En el segundo, las sociedades cotizadas deberán informar anualmente sobre los riesgos de transición y físicos asociados al cambio climático en línea con las recomendaciones del Taskforce on Climate Related Financial Disclosures, y las autoridades deberán analizar el riesgo financiero para el sistema financiero español derivado del cambio climático. 

La descarbonización de la industria es la gran ausente del texto debido a que la industria, responsable del 21% de las emisiones en 2019, está sujeta al mercado europeo de derechos de emisión, el principal instrumento de política climática de la Unión, y que va a ser objeto de una ambiciosa reforma en 2021. En este contexto, la cotización del derecho de emisión se ha duplicado en menos de 6 meses, hasta superar recientemente los 50 € por tonelada de CO2. La Comisión recuerda que estos precios son insuficientes para descarbonizar la economía, lo cual atrae especuladores del sector financiero y augura ulteriores subidas.

Este mercado pretende introducir un precio al CO2 que fomente la innovación en alternativas limpias, abundantes y seguras al gas natural en la industria, mediante tecnologías como el almacenamiento de energía de origen renovable, o el hidrógeno verde. Sin embargo, la velocidad a la que se está produciendo el aumento de precios podría generar daños irreparables en algunos sectores expuestos a la competencia internacional, como la siderurgia o el químico. Las autoridades nacionales deberán preservar la competitividad de la industria, utilizando para ello los numerosos incentivos económicos al servicio de la descarbonización procedentes, irónicamente, de Europa.