No es descartable que en un contexto mediático urgido por la tragedia de La Palma, las incógnitas sobre el relevo de Angela Merkel o los últimos estertores -deseemos- de la Covid-19, un problema de honda repercusión socio-económica como la falta de semiconductores en España haya pasado demasiado desapercibida. Lamentablemente, han tenido que superponerse noticias sobre paros de producción en importantes empresas en nuestro país para que devolvamos la mirada hacia un problema de calado que extiende sus ramificaciones hacia el resto de Europa y obliga a una puesta en común de la que ninguno de los agentes sociales puede resultar ajeno.

Hace unos días, en una pregunta del PNV al Gobierno, la diputada Idoia Sagastizábal urgía a la rápida búsqueda de medidas paliativas contra los negativos efectos de la carencia de estos semiconductores tan básicos para millones de dispositivos en innumerables sectores productivos. En su respuesta, la ministra de Industria, Reyes Maroto, buscó refugio en el ámbito europeo porque aquí y ahora es prácticamente imposible adecuar una solución mínimamente viable.

La pandemia supuso un aviso. Entonces se detectaron las primeras carencias, pero apenas se incidió en la onda expansiva que suponía la ruptura en la cadena de tan determinante suministro. Ahora, las consecuencias empiezan a tener un cariz inquietante, con efectos negativos multiplicadores que, incluso, pueden, aunque no debieran, continuar demasiado tiempo.

Indudablemente las principales señales de alarma proceden desde las grandes firmas de automóviles, con datos que lo justifican. Renault parará hasta final de año en tres plantas de montaje o la propia Seat pactando un ERTE en su fábrica de Martorell hasta 2022 que afectará a más de mil trabajadores. Otro mazazo a una industria que ve cómo se reduce con estrépito su volumen de fabricación. No es para menos: la escasez de estos microchips afecta a 9 de cada 20 empresas de fabricación de vehículos.

Pero esta adversa situación también salpica al sector del transporte, que ha visto reducido su volumen de servicios de manera muy sensible. El descenso de estos transportistas especializados ha obligado a muchos de sus miembros a buscar nuevas alternativas.

Con todo, el problema de fondo apela a una intermediación política. Es evidente que Europa había hecho abstracción de su capacidad de mercado que tuvo con los semiconductores. China y Estados Unidos no dudaron en aprovechar la situación, obligando a una dependencia que ahora ha alcanzado sus cotas más apremiantes. Por ello, corresponde a la UE regresar por la senda perdida para asegurarse un servicio de vital importancia y repercusión como se está poniendo de manifiesto a un precio muy elevado en su coste negativo.

Para hacerlo, la UE tiene que recuperar talento y hacerlo sin demora. Una doble exigencia para sus responsables institucionales y políticos, a la que algunas empresas internacionales, entre ellas españolas, están dispuestas a hacerlo porque disponen de la capacidad tecnológica suficiente. No obstante, se trata de un intento complicado, que requiere de una acción coordinada, de una apuesta decidida. Cada día que pasa, la economía europea lo está pagando muy caro este déficit en su cadena de producción.

Juan Mari Gastaca, socio y director de RRII y Asuntos Públicos en BeConfluence.