No hay siquiera un documento sobre la mesa para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, pero ya es conocido que el plan presentado por el Gobierno español en Bruselas contempla una serie de impuestos que han provocado una inmediata reacción, y no precisamente reconfortante. Después de un cruce de globos sonda sobre cuáles podrían ser las auténticas voluntades impositivas de los dos partidos de izquierda coaligados, ha causado una cierta sorpresa la subida al 21% del gravamen de las bebidas azucaradas, después de que la mayoría de los grupos de la oposición consideraran que no habrá movimiento alguno que penalizara a este sector.
Era conocido, por su preceptivo trámite parlamentario ya superado, que las transacciones digitales y la denominada tasa Tobin tenían un hueco asegurado en el capítulo de ingresos por tasas en el nuevo Presupuesto. A partir de ahí se había extendido la leyenda mediática de que las dramáticas consecuencias económicas de la cruel pandemia en las familias españolas no aconsejaban un golpe impositivo que redujera su capacidad de respuesta a las nuevas necesidades que plantea un paro galopante y una creciente incertidumbre. En base a este contexto nada alentador había cobrado fuerza la idea de que las cargas impositivas quedarían para mejor ocasión, posiblemente a partir de una incipiente recuperación. De momento, en base a la letra del plan presupuestario entregado a las autoridades europeas, no va a ser así.
Antes de difundirse el contenido de estas previsiones del Gobierno español, el debate sobre los impuestos parecía haberse reducido a las discrepancias pendientes de resolver en materia de la sanidad y la educación privadas. Pero la auténtica sorpresa vino de la mano del aumento de cuota impositiva a las bebidas azucaradas, que indignó al sector, sorprendió a partidos de la oposición y asustó a los consumidores que van a ser los paganos finalistas de esta decisión gubernamental.
Hay tiempo para que este aumento pretendido por el Ejecutivo, alegando razones de salud alimentaria, sea depurado a su auténtica finalidad. De entrada, hay una creciente opinión que no comparte el destino a necesidades presupuestarias del Estado de una serie de ingresos procedentes de impuestos a bebidas porque así nunca se estaría cumpliendo el objetivo finalista de procurar mejoras en la educación y hábitos alimenticios. Como bien señalaba una diputada curtida en las exigencias del área de Hacienda, “no tiene mucho sentido destinar a carreteras un dinero que debería servir para educar en cómo se debe alimentar mejor a los niños y a los jóvenes”.
La última palabra sobre el impuesto a las bebidas azucaradas no está dicha en los Presupuestos. Queda el largo trecho de la negociación, que solo ha empezado a modo de esbozar las posibles alianzas, pero sin profundizar en partida alguna. La coincidencia generalizada de que no es el mejor momento para una subida de impuestos planeará sobre cada una de las conversaciones entre el Gobierno y el resto de las fuerzas parlamentarias. Además, en el caso que ocupa a las bebidas azucaradas, es evidente que el consumidor de estos productos y no las empresas fabricantes van a ser, en definitiva, los paganos resultantes de una medida que no ha sido debidamente justificada. Ahora mismo, solo Cataluña dispone de este impuesto en activo y no es descartable que sean reclamados estudios sobre su eficacia real en la educación alimentaria como preámbulo al posicionamiento de algunos partidos.
Por otra parte, es verdaderamente loable que se abra un necesario debate sobre cómo mejorar los hábitos de la alimentación en las edades inferiores. Un compromiso que debería extenderse como norma estatal para su correspondiente aplicación adaptada en cada una de las comunidades autónomas. De esta manera, y no con la subida de impuestos, se identificaría una preocupación institucional en favor de esta imperiosa mejora en los usos y costumbres en el mejor consumo de alimentos y bebidas.
Juan Mari Gastaca, socio y director de RRII y Asuntos Públicos en BeConfluence.
