Es muy posible que en la actual legislatura no llegue a aprobarse en las Cortes Generales un texto legislativo de tan hondo calado y trascendencia política, económica y social como supone la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Representa una de las apuestas regulatorias más importantes, con una importante repercusión dentro y fuera de nuestro país. Ahora espera el último trámite de su paso por el Senado para la ratificación definitiva en el Congreso, donde en su comisión correspondiente ya ha obtenido el ansiado respaldo que buscaban sus impulsores, los partidos que conforman el actual Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos
Una ley que reconoce la emergencia climática y apuesta por una economía más verde y descarbonizada. Un compromiso legislativo para que en 2030 se alcance una reducción del 23% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las cotas de 1990. Un reto para conseguir que en ese mismo año el 74% de la electricidad se genere con fuentes renovables, un porcentaje que llegará al 100% en 2050, fijado como el año de la neutralidad climática.
Indudablemente, esta ley, que con tanto ahínco ha propiciado y defendido la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, dispone de una amplia carta de objetivos que se extienden por otros sectores como el urbanismo, el transporte, la industria o la educación. Es por ello que requiere de una imprescindible pedagogía social para que no quede reducida a un estéril debate sobre aspectos anecdóticos o discusiones de corto recorrido. El contenido de este texto legislativo va a suponer una transformación económica de tal magnitud que debería proyectarse al conjunto de la sociedad en su justa correspondencia.
Resultaría decepcionante que el conocimiento más generalizado sobre el contenido de esta Ley quedara reducido a simples lugares comunes, o a la extensión de polémicas sin carga específica. Así las cosas, debería procurarse desde el Gobierno que fluyeran informaciones estratégicamente bien definidas para que la sociedad -más allá de los grandes sectores concernidos- dispusiera de un grado de conocimiento suficiente que le permitiera calibrar la trascendencia del cambio medioambiental que contiene. De paso, que contribuyera a elevar el grado de concienciación sobre la actuación individual y colectiva que resulta necesaria.
Pero, al mismo tiempo, no debe olvidarse que la progresiva aplicación de las normas encaminadas a la consecución de estos objetivos de la Ley de Cambio Climático también acarrea derivadas en diversos sectores. Uno de ellos, con indudable peso en la economía española, se identifica con la industria electrointensiva. Un conglomerado de empresas y sectores productivos que tienen en el precio de la electricidad, por el gran consumo al que se ven abocados en su práctica industrial, uno de los factores determinantes para su negocio.
Existe una justificada preocupación en la patronal de esta industria, AEGE, que sus órganos rectores ya han ido trasladando, incluso en la propia sede del Parlamento español, a los responsables institucionales y, a su vez, a las entidades representativas del mundo empresarial. Es evidente el riesgo de que el nuevo escenario energético y eléctrico en particular perjudique los intereses de esta industria de gran peso en la economía del país y en concreto en algunas Comunidades Autónomas. Por ello, esta Asociación que preside Teresa Rasero, viene advirtiendo de este hándicap competitivo para el futuro a medio y largo plazo de las importantes industrias a las que representa. Al igual que es necesario una pedagogía para conseguir incrementar la concienciación que haga posible los retos de esta descarbonización que persigue la Ley de Cambio Climático, también es imprescindible despejar cuanto antes y con medidas concretas las dudas que puedan perjudicar a sectores clave de nuestra economía.
Juan Mari Gastaca, socio y director de RRII y Asuntos Públicos en BeConfluence.
